Comunicado de la Red Latinoamericana y del Caribe para la democracia en relación con la crisis de Libertad de Expresión en Venezuela

 

10 de Agosto del 2009

La Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (RLCD) expresa su más enérgico repudio ante la reciente ofensiva contra la Libertad de Prensa, Expresión, Opinión, Pensamiento y el Derecho a la Información en Venezuela, perpetrada por el presidente Hugo Chávez Frías, materializada una vez más en fecha reciente con el cierre de las primeras 34 emisoras de radio, de un total de 240 que serían clausuradas definitivamente, según lo anunció el ministro del Poder Popular para Obras Públicas y Vivienda Señor Diosdado Cabello junto con la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL).

Esta nueva acción se suma a una serie de iniciativas para legalizar la mordaza, el cierre de otros medios y un clima de intolerancia que incita a la violencia, causando evidente ruptura del orden democrático.

La Libertad de Prensa, Expresión, Opinión, Pensamiento, y el Derecho a la Información, son derechos fundamentales del Sistema de Derechos Humanos que está en la base del Sistema Democrático. Así se consagra en los textos fundacionales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA), así como en las disposiciones concernientes de los Pactos de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU, en la Convención Americana de Derechos Humanos y en la gran parte de la normatividad internacional en materia de Derechos Humanos y Democracia.

Todos los textos legales internacionales, al consagrar el derecho a la Libertad de Prensa, Expresión, Opinión, Pensamiento y el Derecho a la Información, señalan explícitamente la obligación de proteger estos derechos frente a los abusos abiertos o solapados que puedan ejercer los gobernantes por la vía de las prohibiciones, las regulaciones abusivas o las medidas administrativas coercitivas.

Lo anterior es el caso de la "Declaración de Varsovia", adoptada en reunión ministerial de la Comunidad de las Democracias, al establecer entre los principios democráticos medulares el derecho de cada persona a la libertad de opinión y de expresión, incluyendo el intercambio y recepción de ideas e información a través cualquier medio; el derecho de cada persona a la libertad de pensamiento; y el derecho a que la prensa recabe, reporte y disemine información, noticias y opiniones.

De conformidad con la Carta Democrática de la OEA, es elemento esencial de la democracia representativa el respeto por la libertad de expresión y prensa.

El derecho a la libertad de expresión comprende el libre acceso a las fuentes informativas, el libre flujo de opiniones y noticias y el libre desarrollo de los canales de circulación de las ideas. Ese derecho garantiza, en primer término, la libertad de creación, organización y desarrollo de los medios de comunicación y, sobre todo, garantiza el derecho del pueblo al ejercicio pleno de la Democracia.

El cierre de emisoras de radio y canales de televisión en Venezuela pone de manifiesto la existencia de una estrategia general de medidas administrativas, legales, impositivas del régimen gobernante para criminalizar y coartar la libertad de Prensa, Expresión, Opinión, Pensamiento y el Derecho a la Información, con miras a acallar críticas y someter voluntades. Algo contrario a la democracia, en donde el respeto y la tolerancia a las diferencias constituyen un aspecto central.

Si el respeto por la libertad de expresión y prensa es, según la Carta Democrática de la OEA, un elemento esencial de la democracia representativa, su irrespeto constituye entonces una ruptura del orden democrático.

Según la misma Carta de la OEA, los gobiernos tienen la obligación de promover y defender la Democracia, cuyo ejercicio efectivo es la base del estado de derecho en los Estados miembros.

Toda vez que se trata de una situación que afecta gravemente el orden democrático en Venezuela, conforme a la Carta Democrática de la OEA la RLCD hace un llamado urgente a que se convoque a un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, con miras a que se constate que, en efecto, se ha producido la ruptura del orden democrático en Venezuela, y en consecuencia instruya a que se den gestiones diplomáticas conducentes a restablecerlo.

La RLCD también expresa su preocupación por la extensión de medidas que coartarán la libertad de expresión en países como el Ecuador, Bolivia, Colombia y Nicaragua, que han anunciado la adopción de acciones similares, tal como se observa al incrementar las presiones contra medios de comunicación y periodistas. Estas medidas representarán un retroceso preocupante e inaceptable en el fortalecimiento y desarrollo democrático de América Latina.

Dado lo anterior, solicitamos al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela que rectifique y detenga sus acciones contrarias a los principios democráticos y los Derechos Humanos. De igual forma, hacemos un llamado a la comunidad internacional, en especial del Sistema Interamericano, para que exprese su rechazo a estas medidas coercitivas a la libertad de expresión en América Latina, conmine a los gobiernos involucrados a revocar tales medidas en aras de una América Latina más democrática, y manifieste su voluntad política en defensa de la democracia, las libertades y el bien común, aplicando la Carta Democrática de la OEA.

 

Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia

www.democracialatinoamerica.org

Personalidades Signatarias:

 

Enrique de Obarrio – Panama

Patricia Guerrero – Colombia, Liga de Mujeres Desplazadas

Aixa Armas – Venezuela, Espacio Civil

Elisabeth Ungar – Colombia

María Eugenia Rojas Valverde – Bolivia, ACOBOL

Edgar Rivero – Bolivia, Observancia Centro Interdisciplinario

Cecilia Blondet – Perú, Proetica, Capitulo Peruano de Transparencia Internacional

Carlos E. Ponce S. – Venezuela, Consorcio Desarrollo y Justicia

Eliana Luna – Argentina, Acción Ciudadana (FAVIM)

Mariclaire Acosta – México

Julio Grooscors Caballero – Costa Rica, Espacio Civil

Cecilia Valdés L. – Chile, Corporación Proyectoamerica

Jaime Ordóñez – Costa Rica, Instituto Centroamericano de Gobernabilidad

Cirila Quintero – México

Jaime Vintimilla – Ecuador, CIDES

Rosa Quintero – Uruguay

María José Zamora – Nicaragua, Hagamos Democracia

Óscar Álvarez Araya – Costa Rica, Unión Democrática del Pacifico-Costa Rica

José Venancio Berrios – Nicaragua, ProVoto

Karem Holmquist – Venezuela

Fanor Avendaño – Nicaragua, Instituto Nicaragüense de Estudios Humanísticos (INEH)

Joel Brito – Cuba, Grupo Internacional para la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba

María del Pilar Callizo – Paraguay

Rocío Guijarro – Venezuela, Cedice Libertad

Carlos Enrique Tinoco – Venezuela, Sócrates Venezuela

Diego M. Sueiras – Argentina, Fundación Nueva Generación Argentina

Rosa Inés Ospina – Colombia , Red de ONG por la Transparencia

Hans Tippenhauer – Haiti, Fundación Espoir

Francisco Acuña- México

Jacqueline Aizpurua – Venezuela, Centro de Estudios de Derechos Humanos de la UCV

Alexandra Freitas – Venezuela, A.C. Consorcio Desarrollo y Justicia

Patricia Gálvez – Ecuador, Centro Ecuatoriano de Desarrollo y Estudios Alternativos

Giovanni Ginatta – Ecuador, Federación Interamericana Empresarial

Gina Romero – Colombia, Ocasa

Sergio Balladares – Nicaragua, Movimiento PUENTE

Julio César Cabrera – Honduras, Foro Permanente de Organizaciones de la Sociedad Civil

Paula Castellanos – Guatemala

Marta Gaba – Argentina

Luis Francisco Cabezas- Asociación Civil Convite