Comunicación con la OEA sobre Crisis Institucional en Nicaragua

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26 de abril de 2010

 

Excelentísimo Señor

José Miguel Insulza Salinas

Secretario General

Organización de Estados Americanos (OEA)

 

 

Señor Secretario General

Tenemos el honor de dirigirnos a Vuestra Excelencia, al tiempo de saludarle cordialmente, en la ocasión de referirnos a la crisis política y social que se está viviendo Nicaragua con el atentado contra el estado de derecho y los principios democráticos por parte del gobierno del Presidente Daniel Ortega.

La Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, conformada por más de 200 activistas y organizaciones sociales y civiles que promovemos la Democracia Plena en todo el Hemisferio, estamos sumamente preocupados ante lo que se presenta como una profunda descomposición del orden constitucional en Nicaragua, cuyo gobierno ha lesionado nuevamente la Carta Democrática y el Estado de Derecho. La extralimitación de los poderes del poder ejecutivo y la manipulación de las instituciones para extender inconstitucionalmente el periodo vencido a diversos funcionarios de poderes que deberían ser independientes es un claro atentado contra la democracia y pone en entredicho la legitimidad del régimen. La continuidad en el ejercicio de las funciones, a pesar del vencimiento de sus periodos constitucionales, brindada a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua mediante un decreto ejecutivo inconstitucional, es un acto categóricamente contrario a la Carta Democrática y demás principios sobre los que la Organización de Estados Americanos (OEA) fue fundada.

La creación de decretos ejecutivos[1] que contravengan la Constitución Política del país, son claros signos de un retroceso democrático en Nicaragua. El bloqueo realizado por los Poderes Ejecutivo y Judicial al Poder Legislativo viola el principio de división de poderes, fundamento y pilar elemental de la Democracia real. Las turbas simpatizantes del Presidente Daniel Ortega, inhabilitaron el paso a los diputados que debían sesionar al respecto y obligándolos a reunirse en un hotel capitalino de Nicaragua, donde fueron víctimas de violentos atentados desde las afueras del hotel, esto a pesar de que contaban con el quórum necesario para sesionar. Esto es un grave síntoma de intolerancia y de abuso en el ejercicio del poder por parte del gobierno del presidente Daniel Ortega.

Miembros de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, provenientes de diversas Organizaciones de la Sociedad Civil nicaragüense han manifestado su preocupación ante la posibilidad de disolución de la Asamblea Nacional y se muestran abrumadoramente consternados por el clima de violencia, intolerancia y la continua violación a la Carta Democrática Interamericana y el Estado de Derecho en el país. El uso del ejército como instrumento de represión política del Poder Ejecutivo y la sumisión al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) atentan contra las libertades fundamentales y el pluralismo político y social.

Todo ello contraviene la Carta Democrática Interamericana, cuyo artículo 3 pronuncia:

“Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos.” (Carta Democrática Interamericana, 2001; Art. 3)

Consideramos que un Estado sometido a las necesidades y deseos de un partido político oficialista, generando incluso violaciones recurrentes a la Constitución Política, se constituyen en faltas graves a los fundamentos de la Organización de Estados Americanos.

Bien lo apunta el apartado número 2 del artículo 4 de la Tratado en cuestión:

“… La subordinación constitucional de todas las instituciones del Estados a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al estado de derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad son igualmente fundamentales para la democracia…” (Carta Democrática Interamericana, 2001; Art. 4)

Todos y cada uno de los Poderes gubernamentales, a pesar de ser los detentadores del poder político por delegación expresa de la nación pronunciada en el sufragio como voluntad soberana, no poseen mayores atribuciones que la Constitución Política. La supremacía de la Carta Magna es inviolable por ninguno de los poderes del Estado por lo que todos están sujetos imperiosamente a sus normas y reglas.

Basados además en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, en cuyas líneas reza:

“En caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración el orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretariado General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente” (Carta Democrática Interamericana, 2001; Art. 20)

Los atentados contra la democracia en Nicaragua se continúan produciendo. Ya hemos presenciado con tristeza la impunidad ante el fraude electoral cometido por el gobierno de Daniel Ortega en las elecciones del 2008, la violencia y persecución permanente contra organizaciones de la sociedad civil y grupos de mujeres, así como los atentados permanentes contra la libertad de expresión y el uso de grupos violentos de simpatizantes del gobierno o turbas pagadas para amedrentar a la sociedad civil y la disidencia.

Ya la Red y otras organizaciones han venido denunciando con anterioridad las graves violaciones a los derechos humanos y los principios democráticos en Nicaragua y lamentablemente continua sin existir un claro rechazo a esta conducta anti-democrática del gobierno del Presidente Daniel Ortega y no se toman las previsiones adecuadas a través de los mecanismos de la OEA. Nuevamente la región está en un caso claro de unas violaciones permanentes al estado de derecho y la democracia y no se están tomando las medidas adecuadas para prevenir situaciones de estallido social o de violencia social o política.

Ante lo anterior, la RED LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE PARA LA DEMOCRACIA solicita a Vuestra Excelencia y la Organización de Estados Americanos a:

 

• La intervención inmediata de la OEA en Nicaragua con el fin de evitar la exacerbación del clima de represión, temor, violencia e intolerancia.

• Exigir el respeto a la Constitución Política y el Estado de Derecho nicaragüense, y la Carta Democrática Interamericana.

• La restitución del principio de división de poderes de manera real, transparente y basada en las libertades fundamentales y derechos humanos.

• La observancia directa de la crisis institucional en Nicaragua y la realidad política en torno a la división de poderes y el pluripartidismo político.

• La exigencia inmediata al gobierno de Daniel Ortega para que detenga sus actuaciones contrarias a la democracia.

• El inicio de los mecanismos establecidos en la Carta Democrática.

En la esperanza de que esta solicitud a favor de un ejercicio real de la Democracia, un respeto constante del Orden Jurídico Nacional e Internacional y en defensa de la Sociedad Civil nicaragüense sea acogida por Vuestra Excelencia, a quien expresamos las seguridades de nuestra más alta y distinguida consideración.

Atentamente,

                              

Carlos Ponce                                     Enrique Arturo de Obarrio

Coordinador General                        Coordinador General Alterno

 

 

Óscar Álvarez Araya

Director Ejecutivo y Coordinador General Alterno

 

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[1] Decreto del 9 de enero de 2010. En el cual Daniel Ortega permite la permanencia en su cargo a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. A pesar del vencimiento del ejercicio de sus funciones según la Constitución Política.

 

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G400 apoya Carta de nuestra Red a Insulza sobre la crisis institucional en Nicaragua:

Comentario enviado a nuestro Asistente Administrativo/Operativo

El nombre de G400 se origina en el hecho de que cuando fue creado contó con la participación de 400 adherentes. El signo + denota que el Grupo está abierto a la incorporación de todos los ciudadanos venezolanos que se identifiquen con sus objetivos y propósitos. También está abierto a la participación de ciudadanos extranjeros que deseen acompañar esta iniciativa. La participación en el G400+ es de carácter voluntario y personal. Algunos de sus integrantes pertenecen a partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil o gremios diversos, pero en el G400+ no actúan en representación de esas instituciones.

Los objetivos del G400+ son fundamentalmente:

1)     Identificar iniciativas y promover acciones destinadas a defender la democracia venezolana.

2)     Identificar temas de interés internacional relacionados con la situación política, económica y social de Venezuela y divulgarlos por diversos canales a fin de sensibilizar a la opinión pública internacional y contribuir a crear consciencia sobre la evolución política en el país.

3)     Dirigir comunicaciones a gobiernos amigos para informarles acerca de hechos o situaciones que pudieran ser de su interés en relación con el desempeño del régimen imperante en Venezuela.

Este  grupo ha recibido reconocimiento como instrumento que cuenta con un importante potencial para apoyar la acción internacional de los diversos actores que en Venezuela luchan por preservar la institucionalidad democrática.

El G400+ no ha sido concebido para competir ni rivalizar con otros grupos similares existentes ya que su vocación primordial es cooperar en el ámbito internacional con  otras iniciativas similares y contribuir a a aglutinar esfuerzos para informar a gobiernos de países amigos, a organizaciones internacionales y a la opinión pública internacional acerca de la evolución y el rumbo de la realidad venezolana.

La coordinación de la actividades del Grupo está a cargo de la Licenciada Iruña Urruticoechea, los Embajadores Diego Arria, Milos Alcalay y Adolfo Taylhardat y el General (r) Francisco Usón.