Si lo desea puede visualizar y descargar la Alerta en PDF dando clic en el siguiente apartado:

Ejemplos de algunas denuncias directas de activistas y organizaciones de la Sociedad Civil venezolana:

1.Comunicado de COFAVIC y amenazas contra Rocío San Miguel:                                      

2.Denuncia pública de Rocío San Miguel ante la Defensoría del Pueblo de Venezuela:    

3.Denuncia pública de Rocío San Miguel ante el Ministerio Público de Venezuela:            

4.Comunicado de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada:

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Alerta de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia en relación con la persecución de la sociedad civil en Venezuela.

La Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia condena los recientes actos de persecución en contra de activistas de la Sociedad Civil en Venezuela.  Estos hechos, completamente contrarios a las libertades fundamentales y la Democracia son perpetrados por el gobierno de Hugo Chávez Frías, lo cual repite actos anteriores de persecución contra toda forma de disidencia u oposición existente en ese país. Ante esta poca tolerancia a la crítica o al control social desaparece indiscutiblemente la institucionalidad y vitalidad democrática del país.

Condenamos expresamente estos actos y hacemos especial mención al caso la activista venezolana Rocío San Miguel, perseguida judicialmente y constituyéndose en víctima de innumerables intimidaciones y amenazas por parte del gobierno y sus seguidores.

San Miguel, ha sido una ferviente activista a favor del respeto de los Derechos Humanos y la supremacía de la ley en Venezuela. En una pequeña Organización No Gubernamental, ella contribuye a la sociedad mediante su vasta experiencia en el tema de relaciones civiles-militares. A través de su trabajo ha venido denunciando con rigor académico y valentía ciudadana, actos de corrupción en las fuerzas armadas y el uso de los militares como factores político-partidistas, sobre todo el de varios militares involucrados en el PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela) a pesar de que la ley venezolana claramente impide la militancia político-partidista de la milicia. Ha venido denunciando igualmente la carra armamentista de Venezuela y la penetración de las fuerzas militares cubanas dentro de las fuerzas armadas venezolanas y una nueva milicia Bolivariana. Ello le ha llevado a amenazas directas por parte de grupos afectos al gobierno, amenazas e insultos de parte del presidente de la Republica y algunos Diputados y el uso sistemático de los medios controlados por el gobierno y programas apoyados por el gobierno para insultar o vilipendiar a Rocío San Miguel.

Expresamos nuestro repudio ante las actuaciones antidemocráticas del gobierno de Hugo Chávez el cual se ha apartado de la senda democrática en directa violación de la Carta Democrática Interamericana y del Pacto de San José. Alertamos a la comunidad internacional para exigir el respeto real y completo de la libertad de expresión y de asociación en Venezuela y que cese la persecución a defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil. 

A la vez, informamos que éste es solamente uno de los cientos de casos judiciales abiertos en tribunales venezolanos en contra de activistas de la Sociedad Civil venezolana, sumado a la gran cantidad de prisioneros políticos nacionales que posee el régimen en sus cárceles. Como ejemplo, exponemos el caso de Oswaldo Álvarez Paz (ex Presidente del Congreso y ex Gobernador) quien lleva ya más de dos meses en prisión sin juicio a pesar de no haber violentado ninguna ley y la solicitud de apertura de juicio contra el ex embajador Diego Arría luego de la usurpación de sus propiedades en Venezuela. Es preocupante la situación de judicialización de la represión política en Venezuela.   

Urgimos a la comunidad internacional y en especial a la Organización de Estados Americanos (OEA) a través de su Secretario General, José Miguel Insulza Salinas para que inicie el proceso pertinente y exija verídica y raudamente el respeto de la Democracia y los Derechos Fundamentales en Venezuela, tal y como lo exige la Carta Democrática Interamericana y la Declaración Americana de Derechos Humanos en casos de violación de los Derechos Fundamentales y la supresión de la Democracia.

APROBADO JUNTA DE COORDINADORES DE LA RED LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE PARA LA DEMOCRACIA.

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MAYO DE 2010

COMUNICADO

EN DEFENSA DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

Las organizaciones de la sociedad civil (en lo sucesivo OSC´s) abajo firmantes nos dirigimos a la opinión pública para censurar formalmente los actos de intimidación y acoso hacia  la Asociación Civil Control Ciudadano en la persona de su Presidenta Rocío San Miguel, quien a raíz de una denuncia hecha pública el 06 de mayo, ha venido sufriendo diferentes actos intimidatorios hacia su persona y familia.

1. La acción permanente de las OSC´s a lo largo y ancho del país, favorece de múltiples formas, a diversos sectores de la sociedad, principalmente a los más excluidos. En el caso de las OSC´s de derechos humanos, cientos de víctimas de violaciones a los derechos humanos reciben la asesoría y acompañamiento en la búsqueda de la justicia y el ejercicio efectivo de sus derechos. Las OSC´s de Desarrollo Social, por su parte, contribuyen desde hace varias décadas con el bien común, desde ámbitos tan diversos como los referidos a salud, educación, vivienda, niñez y adolescencia, ambiente, desarrollo comunitario y participación ciudadana, entre otros.

1. El ejercicio del derecho de los individuos y de las OSC´s a promover y procurar la protección de los derechos humanos se encuentra prevista constitucionalmente, pero también se encuentra amparada por instrumentos internacionales; en el ámbito de la ONU contamos con Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, contenida en la Resolución 53/144 aprobada por la Asamblea General de la ONU el 8 de marzo de 1998, que establecen además el deber del Estado de garantizar dichas actividades de promoción y protección de derechos humanos (Declaración ONU, art. 12.2). En el ámbito Interamericano, la Carta Democrática Interamericana reafirma el carácter esencial de la democracia para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas, donde el respeto a los derechos humanos es elemento esencial para su existencia; igualmente, la Carta Democrática resalta la importancia de la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional para el desarrollo de la democracia. En diversas declaraciones, la Organización de los Estados Americano, ha reiterado “su respaldo a la tarea que desarrollan, en el plano nacional y regional, los defensores de los derechos humanos y reconocer su valiosa contribución en la promoción, respeto y protección de los derechos humanos y libertades fundamentales en el Hemisferio” y así mismo, han “condenado” expresamente “los actos que directa o indirectamente impiden o dificultan las tareas que desarrollan los defensores de derechos humanos en las Américas (resaltado nuestro)” ( “Defensores de Derechos Humanos: Apoyo a las Tareas que Desarrollan las Personas, Grupos y Organizaciones de la Sociedad Civil para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos en Las Américas” Resolución aprobada por la Asamblea General de la OEA el 7 de junio de 2005, AG/RES. 2067, numerales 1º. Y 3º.).

Por las razones anteriormente expuestas, exigimos:

1. Que cesen los actos de intimidación, configurados en hostigamiento telefónico, ataques al honor y reputación de los miembros de las organizaciones de la sociedad civil, especialmente exigimos, el cese inmediato de las intimidaciones contra Rocío San Miguel y su familia.
2. Que se lleve adelante una investigación independiente e imparcial tanto de los hechos denunciados por la Sra. San Miguel, como de los ataques de los cuales ha sido víctima. Es deber del Estado, garantizar investigaciones que conduzcan al esclarecimiento de este tipo de situaciones, y aplicar las sanciones, civiles, penales y administrativas previstas en la ley a los responsables de dichos actos, conforme lo establece el artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 283 del Código Orgánico Procesal Penal.

Caracas, 13 de mayo de 2010

SUSCRIBEN

Asociación Civil Consorcio Desarrollo y Justicia, Venezuela

Asociación Civil Espacio Civil, Venezuela

Asociación Civil Libertad Ciudadana, Venezuela

Asociación Civil Mujer y Ciudadanía, Venezuela

Asociación Civil Sócrates de Venezuela, Venezuela

Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Estudiantes de Derecho de Venezuela (FEDEVE), Venezuela

Comisión de Derechos Humanos de la B´nai B´rith de Venezuela, Venezuela

Fundación para la Unión Democrática del Pacífico, Costa Rica

Fundación Nueva Generación Argentina, Argentina

Guatemala Próspera, Guatemala

Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia

Individuos:

Ana Julia Jatar, Venezuela, miembro del Movimiento 2D Democracia y Libertad

Carlos Walter

Carolina Jaimes Branger , Venezuela

Diego E. Arria Salicetti , G-400+Venezuela

Gladys M Suárez, Venezuela

Gladys Parentelli, Venezuela

Hans Tippenhauer, Haití

Jacqueline Flugelman de Aizpurua, Venezuela

Karem Holmquist, Venezuela

Lali Armengol, Venezuela

Morella Contramaestre – Venezuela

María Teresa Belandría Espósito, Venezuela

Pablo Innecken Zuñiga, Costa Rica

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