Pronunciamiento de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia en relación con el asesinato de la defensora de derechos humanos colombiana Norma Irene Pérez

Agosto de 2010.

La Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia con el apoyo de las más de 200 organizaciones que la conforman, manifiesta su rechazo más enérgico al asesinato de la defensora de los Derechos Humanos colombiana Norma Irene Pérez.

Sus restos fueron encontrados nueve días después de su desaparición en un estado deplorable que indica el sufrimiento que vivió horas antes de su deceso. Las comunidades de la zona de Macarena han solicitado una investigación judicial exhaustiva. Irene Pérez había denunciado hace algún tiempo, a través de su organización, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, la existencia de fosas comunes de víctimas de los actores armados, así como "Falsos Positivos", civiles presentados como caídos en combate y personas desaparecidas. 

Alertamos sobre la gravedad de estos hechos que hacen evidente el preocupante incremento de la inseguridad constante que se vive en Colombia. Las personas que denuncias actos ilícitos y violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, son  objeto de amenazas  y, como en el caso de Norma Irene Pérez, son asesinadas o desaparecidas.

Es lamentable y censurable desde todo punto de vista que en Colombia se sigan dando estos hechos contra defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas y sindicalistas por parte de grupos criminales, y en algunos casos, con la presunta participación de miembros de las fuerzas armadas.

Por lo tanto, la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia:

1. Exige al gobierno colombiano que investigue los hechos para que  se identifique, juzgue y condene a los responsables intelectuales y materiales, se repare a las víctimas y se realicen todos los esfuerzos posibles y para ponerle fin a esta situación. Es obligación del gobierno velar por la salvaguarda y el ejercicio pleno de los derechos humanos y libertades fundamentales por parte de la ciudadanía.

    

2. Apoya lo expresado por el señor Bruno Moro (Coordinador Residente y Humanitario de las Naciones Unidas en Colombia) al exigir la puesta en marcha de una política integral de protección y promoción de los derechos humanos por ello mismo, como organización, demandamos políticas públicas reales y efectivas de protección de la sociedad civil. El gobierno de Colombia debe manifestarse en contra de las amenazas e intimidaciones en contra de organizaciones de la sociedad civil.

    

3. Rechaza  el incremento de la violencia que se vive en todo el país. Por ejemplo, en el  Departamento de Córdoba, más de 400 asesinatos en lo que va corrido del año.  Así mismo, manifiesta su honda preocupación por la aparición de panfletos en diversas regiones del país con amenazas en contra de civiles muchos de los cuales son personas jóvenes, amenazas provenientes de grupos como las “Águilas Negras” o bandas como “los Rastrojos”, que imponen en sus localidades mecanismos de “justicia privada”. La Liga de Mujeres Desplazadas organización de sobrevivientes del conflicto armado en Colombia, pertenecientes a nuestra Red ha sido amenazada por las Águilas Negras dos veces a los largo de este año.

4. Hace un llamado a la sociedad colombiana para que tome conciencia sobre la gravedad de estos actos y exija a las autoridades gubernamentales una actuación certera, eficaz y enérgica en contra de la violencia sistemática que amenaza la estabilidad del país.

5. Finalmente, exhorta a la comunidad internacional, organismos internacionales y organizaciones de promoción y protección de los derechos humanos para que denuncien y alerten estos hechos. Para que tomen las medidas necesarias que tiendan a proteger la vida de los y las defensoras de derechos humanos  y así mismo todos en conjunto logremos evitar que estos crímenes atroces continúen ocurriendo.

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COMUNICADO DE LA RED LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE PARA LA DEMOCRACIA ANTE LA  UNDÉCIMA CONFERENCIA REGIONAL SOBRE LA MUJER DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Organizada por la CEPAL.

Brasil, 13 al 16 de Julio. 2010

La Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, conformada por más de 200 organizaciones, expresa su preocupación ante la ineficacia de las políticas de equidad de género en muchos países de la región. La violencia sigue atacando a mujeres de distintos ámbitos sociales, económicos, religiosos y culturales en América Latina, el Caribe y el mundo.

No solamente, hablamos de violencia intrafamiliar sino en esferas de la vida social y política tan diversas como empresas, organismos, instituciones e individualidades; agresiones no meramente físicas sino que se traducen en toda una amalgama de violaciones y atropellos a la integridad y la vida de las mujeres.

La realidad de las mujeres demuestra en muchos casos la feminización de la pobreza por los modelos de desarrollo de mercado con democracias débiles y mucho más acrecentada con los modelos de socialismo del Siglo XXI, lo cual se plasma en los casos de violación de derechos humanos de las mujeres en países como Venezuela y Nicaragua. Es responsabilidad de los gobiernos garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia de acuerdo con la normativa internacional  de las Organización de las Naciones Unidas tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, CEDAW (por sus siglas en Ingles), la Declaración Interamericana para Prevenir y Sancionar la Violencia (Belem Do Para) y las Resoluciones 1325 y 1820 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la protección de las mujeres y la violencia de género en los conflictos armados.

Se exponen a continuación ejemplos de casos de violación de los Derechos Humanos de las Mujeres sobre los cuales hemos emitido comunicados,  declaraciones y alertas:

·         El caso de la Liga de Mujeres Desplazadas de Colombia, cuyas integrantes han sido amenazadas de muerte por el grupo paramilitar Águilas Negras en dos oportunidades, (www.observatoriogenero.org) actualmente cuentan con Medidas Cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH y mantienen una denuncia contra el Estado de la República de Colombia por violación a varios artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos y a la Convención de Belem do Pará: desplazamientos forzados, violación, desaparición forzada de personas, tratos crueles inhumanos y degradantes son algunos de los crímenes contra la humanidad  cometidos contra ellas y sus familias. Es inaceptable que la sociedad civil organizada, defensora de los derechos humanos, sea perseguida, amenazada, violentada, intimidada y coaccionada por luchar por la restitución de sus derechos fundamentales  ante las atrocidades que cometen los paramilitares, las guerrillas  y algunos miembros de las Fuerza Pública en Colombia. Las mujeres de la Liga de Mujeres Desplazadas  tienen todo el derecho a la verdad, la justicia y la reparación  integral para ellas y sus familias a continuar su lucha contra la impunidad y la violencia de género. Las mujeres tienen derecho a participar en la vida política de los países, a exigir respeto de sus derechos y así mismo, a convivir en el respeto de las libertades fundamentales y a trabajar por el fortalecimiento de la democracia.

• El caso de Rocío San Miguel en Venezuela, presidenta de la organización Control Ciudadano. San Miguel, ha sido una ferviente luchadora a favor del respeto de los Derechos Humanos y la supremacía de la ley en Venezuela. Ella contribuye a la sociedad mediante su vasta experiencia en el tema de relaciones civiles-militares. A través de su trabajo ha venido denunciando con rigor académico y valentía ciudadana, actos de corrupción en las fuerzas armadas y el uso de los militares como factores político-partidistas, sobre todo el de varios militares involucrados en el PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela) a pesar de que la ley venezolana claramente impide la militancia político-partidista de la milicia.  Ello le ha llevado a amenazas directas por parte de grupos afectos al gobierno, amenazas e insultos de parte del presidente de la Republica y algunos Diputados y el uso sistemático de los medios controlados por el gobierno y programas apoyados por el gobierno para insultar o vilipendiar a esta valerosa mujer.

·         Otro de los casos importantes lo es el de la Jueza María Lourdes Afiuni también de Venezuela, quien está en la actualidad siendo víctima de innumerables abusos y tratos crueles. Además de ser sometida a un proceso judicial claramente ilegítimo que viola todos sus derechos como jueza, mujer y ciudadana. Ella se encuentra reclusa en una prisión de mujeres denominada Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof), en Los Teques. En ese lugar permanecen recluidas delincuentes que en un momento determinado ella misma sentenció, corriendo grave peligro la vida de la Jueza. A estos casos en Venezuela se unen los de Doris Pérez, Moravia Estévez, Luival de Tovar, Silvia Ribot y María García de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), secuestradas durante más de 30 horas por estudiantes con actitudes sicariales, simpatizantes del gobierno de Hugo Chávez.

·         Además, debemos mencionar como caso, la violencia y persecución permanente contra defensoras de derechos humanos y liderezas de organizaciones no gubernamentales de mujeres  en Nicaragua, conducta que se viene repitiendo con total impunidad. Dando como resultado nefastas acciones del gobierno nicaragüense en contra de la sociedad civil entre las que resalta grandemente la persecución en contra de mujeres miembro del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), de la organización CINCO. Exponemos los casos de Liderezas como Leonor Martínez y María Mercedes Urbina,  Vilma Núñez de Escorcia, Luisa Molina, Violeta Granera, Juanita Jiménez y Azahálea Solís. Todas ellas enfrentadas a una persecución sistemática de mujeres que representan la conciencia crítica de todo el país, lo cual se asemeja cada vez más a un “femicidio político”.

Los expuestos, son sólo algunos de los innumerables casos existentes en la realidad latinoamericana. Temas como los homicidios de mujeres en las zonas de Juárez y Sinaloa (México), ataques de los carteles de droga en ese país; son altamente preocupantes y nos llevan a pensar a plantear la ausencia de políticas gubernamentales eficaces tendientes a fortalecer el respeto de los derechos humanos de las mujeres. El caso de la trata de personas es básico ya que ocupa el segundo lugar en los flagelos que involucra las más importantes violaciones de derechos humanos contra mujeres, niñas y niños.

Además, es importante resaltar la problemática que se genera a raíz de la migración con respecto a que son las mujeres las que mayoritariamente deben asumir las consecuencias del desarraigo, así como las consecuencias que se dan por  la ruptura del vinculo familiar, cargando a la mujer la responsabilidad de la precarización de la vida en familia y la desagregación de los núcleos familiares.

Por todo lo expuesto, la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia exige Estados que garanticen la igualdad de género real plasmada en políticas efectivas de defensa de los derechos y garantías de las mujeres en los diversos esquemas familiares, sociales, políticos y laborales. Es obligación de los Estados y Gobiernos, permitir el ejercicio de las libertades fundamentales de forma efectiva y positiva.

Representando en este evento a la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia

Dra. Patricia Galvez                                           

Directora Ejecutiva

CEDEAL 

Arq. Aixa Armas

Directora

Mujer Y Ciudadanía

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Ejemplos de algunas denuncias directas de activistas y organizaciones de la Sociedad Civil venezolana:

1.Comunicado de COFAVIC y amenazas contra Rocío San Miguel:                                      

2.Denuncia pública de Rocío San Miguel ante la Defensoría del Pueblo de Venezuela:    

3.Denuncia pública de Rocío San Miguel ante el Ministerio Público de Venezuela:            

4.Comunicado de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada:

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Alerta de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia en relación con la persecución de la sociedad civil en Venezuela.

La Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia condena los recientes actos de persecución en contra de activistas de la Sociedad Civil en Venezuela.  Estos hechos, completamente contrarios a las libertades fundamentales y la Democracia son perpetrados por el gobierno de Hugo Chávez Frías, lo cual repite actos anteriores de persecución contra toda forma de disidencia u oposición existente en ese país. Ante esta poca tolerancia a la crítica o al control social desaparece indiscutiblemente la institucionalidad y vitalidad democrática del país.

Condenamos expresamente estos actos y hacemos especial mención al caso la activista venezolana Rocío San Miguel, perseguida judicialmente y constituyéndose en víctima de innumerables intimidaciones y amenazas por parte del gobierno y sus seguidores.

San Miguel, ha sido una ferviente activista a favor del respeto de los Derechos Humanos y la supremacía de la ley en Venezuela. En una pequeña Organización No Gubernamental, ella contribuye a la sociedad mediante su vasta experiencia en el tema de relaciones civiles-militares. A través de su trabajo ha venido denunciando con rigor académico y valentía ciudadana, actos de corrupción en las fuerzas armadas y el uso de los militares como factores político-partidistas, sobre todo el de varios militares involucrados en el PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela) a pesar de que la ley venezolana claramente impide la militancia político-partidista de la milicia. Ha venido denunciando igualmente la carra armamentista de Venezuela y la penetración de las fuerzas militares cubanas dentro de las fuerzas armadas venezolanas y una nueva milicia Bolivariana. Ello le ha llevado a amenazas directas por parte de grupos afectos al gobierno, amenazas e insultos de parte del presidente de la Republica y algunos Diputados y el uso sistemático de los medios controlados por el gobierno y programas apoyados por el gobierno para insultar o vilipendiar a Rocío San Miguel.

Expresamos nuestro repudio ante las actuaciones antidemocráticas del gobierno de Hugo Chávez el cual se ha apartado de la senda democrática en directa violación de la Carta Democrática Interamericana y del Pacto de San José. Alertamos a la comunidad internacional para exigir el respeto real y completo de la libertad de expresión y de asociación en Venezuela y que cese la persecución a defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil. 

A la vez, informamos que éste es solamente uno de los cientos de casos judiciales abiertos en tribunales venezolanos en contra de activistas de la Sociedad Civil venezolana, sumado a la gran cantidad de prisioneros políticos nacionales que posee el régimen en sus cárceles. Como ejemplo, exponemos el caso de Oswaldo Álvarez Paz (ex Presidente del Congreso y ex Gobernador) quien lleva ya más de dos meses en prisión sin juicio a pesar de no haber violentado ninguna ley y la solicitud de apertura de juicio contra el ex embajador Diego Arría luego de la usurpación de sus propiedades en Venezuela. Es preocupante la situación de judicialización de la represión política en Venezuela.   

Urgimos a la comunidad internacional y en especial a la Organización de Estados Americanos (OEA) a través de su Secretario General, José Miguel Insulza Salinas para que inicie el proceso pertinente y exija verídica y raudamente el respeto de la Democracia y los Derechos Fundamentales en Venezuela, tal y como lo exige la Carta Democrática Interamericana y la Declaración Americana de Derechos Humanos en casos de violación de los Derechos Fundamentales y la supresión de la Democracia.

APROBADO JUNTA DE COORDINADORES DE LA RED LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE PARA LA DEMOCRACIA.

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MAYO DE 2010

COMUNICADO

EN DEFENSA DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

Las organizaciones de la sociedad civil (en lo sucesivo OSC´s) abajo firmantes nos dirigimos a la opinión pública para censurar formalmente los actos de intimidación y acoso hacia  la Asociación Civil Control Ciudadano en la persona de su Presidenta Rocío San Miguel, quien a raíz de una denuncia hecha pública el 06 de mayo, ha venido sufriendo diferentes actos intimidatorios hacia su persona y familia.

1. La acción permanente de las OSC´s a lo largo y ancho del país, favorece de múltiples formas, a diversos sectores de la sociedad, principalmente a los más excluidos. En el caso de las OSC´s de derechos humanos, cientos de víctimas de violaciones a los derechos humanos reciben la asesoría y acompañamiento en la búsqueda de la justicia y el ejercicio efectivo de sus derechos. Las OSC´s de Desarrollo Social, por su parte, contribuyen desde hace varias décadas con el bien común, desde ámbitos tan diversos como los referidos a salud, educación, vivienda, niñez y adolescencia, ambiente, desarrollo comunitario y participación ciudadana, entre otros.

1. El ejercicio del derecho de los individuos y de las OSC´s a promover y procurar la protección de los derechos humanos se encuentra prevista constitucionalmente, pero también se encuentra amparada por instrumentos internacionales; en el ámbito de la ONU contamos con Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, contenida en la Resolución 53/144 aprobada por la Asamblea General de la ONU el 8 de marzo de 1998, que establecen además el deber del Estado de garantizar dichas actividades de promoción y protección de derechos humanos (Declaración ONU, art. 12.2). En el ámbito Interamericano, la Carta Democrática Interamericana reafirma el carácter esencial de la democracia para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas, donde el respeto a los derechos humanos es elemento esencial para su existencia; igualmente, la Carta Democrática resalta la importancia de la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional para el desarrollo de la democracia. En diversas declaraciones, la Organización de los Estados Americano, ha reiterado “su respaldo a la tarea que desarrollan, en el plano nacional y regional, los defensores de los derechos humanos y reconocer su valiosa contribución en la promoción, respeto y protección de los derechos humanos y libertades fundamentales en el Hemisferio” y así mismo, han “condenado” expresamente “los actos que directa o indirectamente impiden o dificultan las tareas que desarrollan los defensores de derechos humanos en las Américas (resaltado nuestro)” ( “Defensores de Derechos Humanos: Apoyo a las Tareas que Desarrollan las Personas, Grupos y Organizaciones de la Sociedad Civil para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos en Las Américas” Resolución aprobada por la Asamblea General de la OEA el 7 de junio de 2005, AG/RES. 2067, numerales 1º. Y 3º.).

Por las razones anteriormente expuestas, exigimos:

1. Que cesen los actos de intimidación, configurados en hostigamiento telefónico, ataques al honor y reputación de los miembros de las organizaciones de la sociedad civil, especialmente exigimos, el cese inmediato de las intimidaciones contra Rocío San Miguel y su familia.
2. Que se lleve adelante una investigación independiente e imparcial tanto de los hechos denunciados por la Sra. San Miguel, como de los ataques de los cuales ha sido víctima. Es deber del Estado, garantizar investigaciones que conduzcan al esclarecimiento de este tipo de situaciones, y aplicar las sanciones, civiles, penales y administrativas previstas en la ley a los responsables de dichos actos, conforme lo establece el artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 283 del Código Orgánico Procesal Penal.

Caracas, 13 de mayo de 2010

SUSCRIBEN

Asociación Civil Consorcio Desarrollo y Justicia, Venezuela

Asociación Civil Espacio Civil, Venezuela

Asociación Civil Libertad Ciudadana, Venezuela

Asociación Civil Mujer y Ciudadanía, Venezuela

Asociación Civil Sócrates de Venezuela, Venezuela

Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Estudiantes de Derecho de Venezuela (FEDEVE), Venezuela

Comisión de Derechos Humanos de la B´nai B´rith de Venezuela, Venezuela

Fundación para la Unión Democrática del Pacífico, Costa Rica

Fundación Nueva Generación Argentina, Argentina

Guatemala Próspera, Guatemala

Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia

Individuos:

Ana Julia Jatar, Venezuela, miembro del Movimiento 2D Democracia y Libertad

Carlos Walter

Carolina Jaimes Branger , Venezuela

Diego E. Arria Salicetti , G-400+Venezuela

Gladys M Suárez, Venezuela

Gladys Parentelli, Venezuela

Hans Tippenhauer, Haití

Jacqueline Flugelman de Aizpurua, Venezuela

Karem Holmquist, Venezuela

Lali Armengol, Venezuela

Morella Contramaestre – Venezuela

María Teresa Belandría Espósito, Venezuela

Pablo Innecken Zuñiga, Costa Rica

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VI Asamblea General

Movimiento Mundial para la Democracia

Jakarta, Indonesia

11 al 14 de abril del 2010

Relatoría del Panel 2 sobre la América Latina y el Caribe

Tema: Redes en acción ¿cómo construir solidaridad real?

Moderadora: Gina Romero de Colombia

Presentadores/as: Enrique de Obarrio, de Panamá, Andrea Sanhueza de Chile, Rommel González de México y Daniel Córdova de Perú.

Relator: Ó scar Álvarez de Costa Rica   

Resumen de Propuestas:

1) Sobre la solidaridad entre Redes:

·       Identificar Redes de la sociedad civil y de otros sectores con agendas semejantes en la promoción y fortalecimiento de la democracia plena 

·       Formar un Grupo de Trabajo con el fin de establecer un mecanismo de coordinación entre redes de la sociedad civil con los sectores privado, sindical, académico, político, etc. Trabajar por la democracia plena y la cohesión social sobre la base de objetivos y agendas comunes 

·       Establecer un Grupo de Trabajo para elaborar la Declaración Interamericana sobre Democracia Plena tomando como referente y tropicalizando a la Declaración de Varsovia sobre democracia elaborada pro la Comunidad de las Democracias 

·       Sobre la base de la Declaración Interamericana proceder a elaborar el Índice o ranking de democracia plena en los países de la región 

·       Formar un Grupo de Trabajo para hacer un FODA ( Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas ) de la sociedad civil en la región

·       Elaborar y suscribir un Declaración Conjunta de las  Redes dirigida a los gobiernos representados en la OEA con el objetivo de poner en ejecución el acuerdo y Estrategia  que ya existe sobre participación de organizaciones de la sociedad civil en el seno de la OEA.

·       Elaborar estrategias de trabajo conjunto entre redes para la Asamblea General de la OEA en Lima, Perú; la reunión de la sociedad civil de la Comunidad de las Democracias y la Cumbre de las Américas del 2011 en Bogotá, Colombia. 

·       Establecer un Fondo internacional para casos de contingencias por desastres naturales o situaciones de crisis

·       Establecer una Escuela de capacitación de promotores de la democracia. Formación de lideres para la reconstrucción de Haití. Organizar un Taller sobre lucha cívica no violenta 

·       Crear una Red de Centros de Investigaciones por la democracia 

·       Establecer una Biblioteca virtual sobre democracia y derechos humanos.

·       Crear un Atlas Hemisférico de la Democracia 

·       Formar grupos de trabajo sobre Derechos ciudadanos, debido proceso y acceso a la justicia y a la información

2) Sobre la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia:

·       Realizar la Segunda Asamblea de la Red Latinoamericana y del Caribe para la democracia para lo cual se está a la espera de la aprobación de los fondos canadienses

·       Inscribir a la Red Latinoamericana y del Caribe para la democracia en la OEA 

·       Formar Comisiones de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia para ampliar la incidencia de la sociedad civil sobre los siguientes temas: 

Carta Democrática Interamericana

Convención Interamericana sobre la Corrupción

Convención de la ONU sobre la Corrupción

Corte Penal Internacional

·       Se sugiere que la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia tenga sus propios proyectos con fondos internacionales

·       Crear un Grupo de Trabajo sobre Haití y fortalecer la presencia de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia en Haití, nucleando y coordinando las organizaciones de la sociedad civil

Relator: Ó scar Álvarez de Costa Rica

Jakarta, Indonesia, 13 de abril del 2010

1° de marzo de 2010.

Comunicado de solidaridad de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia con el pueblo cubano y los familiares de Orlando Zapata

La RED LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE PARA LA DEMOCRACIA y sus más de 180 organizaciones miembro, condena enérgicamente los actos nefastos y crueles realizados por el régimen cubano en contra de sus prisioneros políticos; se trata, claramente, de crímenes de lesa humanidad.

Nuestro mayor repudio contra dicho régimen obedece ahora al haber éste conducido hacia la muerte a Orlando Zapata Tamayo el 24 de febrero de 2010. Zapata Tamayo, defensor de la libertad del pueblo cubano, encarcelado injustamente desde el año 2003 por defender sus ideales democráticos, prisionero de conciencia según la organización Amnistía Internacional y reconocido defensor de la resistencia cubana.

Orlando Zapata sufrió innumerables violaciones de derechos humanos por parte del gobierno castrista, fue agredido severamente en el año 2009 con tal magnitud que sufrió un hematoma cerebral que requirió una operación de emergencia. Ubicado en la prisión de mayor rigidez de la isla, inició su huelga de hambre de más 80 días en diciembre de 2009.

Durante 18 días el director de la prisión, Filiberto Hernández, le negó agua, líquido vital, con lo cual Zapata sufrió una insuficiencia renal muy grave y posteriormente una neumonía producto de la exposición a bajas temperaturas y en condiciones de desnudez a las que fue vilmente sometido. A pesar de su condición física, permaneció enclaustrado en el hospital de la Prisión Combinado del Este en La Habana, lugar carente de las condiciones que Zapata requería.

La muerte de Orlando Zapata demuestra irrefutablemente la violación sistemática de los Derechos Humanos de la que son víctimas ciudadanos cubanos, sin derecho a libertad de conciencia, expresión ni prensa. A la vez, se dan casos de otros prisioneros de conciencia en Cuba como Ariel Sigler Amaya y Normando Hernández González quienes claman por solidaridad y protección. En la isla existen alrededor de 200 presos políticos, y Zapata es el segundo opositor cubano que fallece tras una huelga de hambre en la cárcel: el primero fue Pedro Luis Boitel, en 1972 (aunque otras fuentes como “el Diario de Cuba” señalan más de 10 personas fallecidas en huelgas de hambre). Ante ello, solicitamos expresamente la liberación inmediata e incondicional de los más de 200 presos políticos que se encuentran en Cuba.

La Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia urge a la comunidad internacional a actuar en forma oportuna y firme, y exigir el respeto de los Derechos Fundamentales de la persona humana. Estos actos totalitarios emprendidos por varios países contra la vida y en este caso por el gobierno cubano demuestran  la omnipotencia de sus gobernantes.

Nos solidarizamos fervientemente con los familiares y amigos de Orlando Zapata Tamayo, nos unimos a ellos en estos momentos de dolor y angustia. Pero sabemos que su muerte, no ha sido en vano. Porque su ejemplo nos inspira y nos obliga a continuar defendiendo y fortaleciendo la democracia en América Latina. La Comunidad Internacional debe de tomar en cuenta lo sucedido y poner su mirada sobre la falta de cumplimiento de los derechos humanos y exigir respeto a la libertad de conciencia, de expresión y de prensa en el mundo entero y particularmente en América Latina y el Caribe, que es nuestro ámbito de acción.

Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia

Si lo desea puede descargar el “Comunicado de solidaridad de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia con el pueblo cubano y los familiares de Orlando Zapata” en formato PDF:

Reconocimiento de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia al Gobierno de Canadá por sus declaraciones sobre el cierre de Radio Caracas en Venezuela y su continuo apoyo a la democracia

El Secretariado de la RED LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE PARA LA DEMOCRACIA felicita efusivamente al Gobierno de Canadá por su llamamiento y alerta sobre los actos efectuados por gobierno venezolano de Hugo Chávez Frías, en contra de diversos medios de comunicación del país sudamericano. En particular sobre el cierre ampliamente arbitrario de RCTV (Radio Caracas Televisión Internacional) perpetrado el 24 de enero por el gobierno venezolano y las presiones permanentes contra la libertad de expresión en ese país.

Especialmente, aplaudimos las palabras expresadas por Ministro de Estado para Relaciones Exteriores de Canadá para América Latina y el Caribe Honorable Peter Kent, quien indicó que estas formas de actuación limitan y violentan gravemente la libertad de expresión y el derecho al acceso a la información. Es decir, lesionan las libertades y se traducen en cuestionamientos con fundamento sobre la veracidad de la vocación democrática de un gobierno de turno. En este caso el de la República Bolivariana de Venezuela. Respaldamos y alabamos las palabras del Ministro Kent al condenar actos tan contrarios a los ideales de la democracia y las libertades fundamentales. También felicitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Relatora Especial para la Libertad de Expresión Catalina Botero, los gobiernos de Francia y Estados Unidos que han sumado sus voces de preocupación ante esta grave limitación a la libertad de expresión.

Nos unimos al gobierno canadiense en esta denuncia pública y:

• Exigimos la restitución de las seis estaciones televisivas atacada;
• Repudiamos la violencia gubernamental que derivó en la muerte de dos estudiantes y 80 más con serias lesiones en las manifestaciones sociales;
• Condenamos la reiterada conducta del gobierno del presidente Hugo Chávez, cuyas acciones laceran la democracia y ponen en entredicho la tutela de los derechos fundamentales que realiza el gobierno venezolano.

Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia

Secretariado de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia

29 de enero de 2010.

Si lo desea puede descargar y visualizar el COMUNICADO en formato PDF dando clic en el siguiente apartado:

Imágenes que demuestran la represión que se vive en Venezuela: Gobierno en contra de estudiantes durante marcha de protesta:

Denuncia sobre violación de la Constitución Política en Nicaragua

El Secretariado Permanente de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia por este medio Alerta sobre violaciones a la Constitución Política en Nicaragua:

El sábado 9 de enero del presente año, el Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, atentando una vez más contra el orden constitucional, emitió el Decreto Ejecutivo número 3-2010, que usurpa las funciones de la Asamblea Nacional, ratificando y extendiendo los plazos a más de 25 cargos máximos en distintas instituciones y poderes del Estado, entre ellos Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Supremo Electoral.  El nombramiento de esos funcionarios, al término de su período, es según la Constitución Política facultad exclusiva de la Asamblea Nacional. Este decreto, que viola numerosos artículos de la Constitución Política (específicamente los artículos 129, 130, 131, 138, 150, 154, 162, 172, 182 y 183) y violenta la separación y la independencia de los Poderes del Estado, fue dictado por Daniel Ortega con el objetivo de mantener a un grupúsculo de fieles allegados, dirigiendo las Instituciones clave del Estado, que le permiten que gobierne con arbitrariedad absoluta y ajeno a toda disposición de la Carta Magna. La Junta Directiva de la Asamblea Nacional ya declaró la inconstitucionalidad del Decreto.

Entre los artículos violados por este decreto se encuentra el Art. 182, Constitución Política de la República de Nicaragua: "La Constitución Política es la carta fundamental de la República; las demás leyes están subordinadas a ella. No tendrán valor alguno las leyes, tratados, órdenes o disposiciones que se le opongan o alteren sus disposiciones." Es alarmante para la sociedad nicaragüense observar cómo el Presidente Ortega y sus allegados violan sistemáticamente la Constitución, debido a que violentan diversos artículos de esta; siendo ello un acto reiterado verificable en las innumerables denuncias de fraude electoral interpuestas durante las elecciones municipales del año pasado. Todo esto termina convirtiéndose en una pésima costumbre que nos aleja de la posibilidad de forjar una verdadera República, y solamente nos depara caos económico y social.

Debemos además, repudiar las nefastas acciones del gobierno nicaragüense en contra de la sociedad civil; resalta grandemente la persecución en contra de mujeres miembro del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), de la organización CINCO y ataques de grupos armados cercanos al gobierno a movimientos estudiantiles, y la represión continua contra cualquier forma de disidencia política. Es importante señalar además, las intensas declaraciones y amenazas que ha perpetrado Daniel Ortega en contra de los medios de comunicación independientes de su país, las cuales han sido puestas en evidencia en reiteradas ocasiones por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), y que constituyen una grave lesión a la libertad de prensa en Nicaragua.

Ante tal situación, la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia considera que:

• Es imperativo restablecer la credibilidad y funciones de las Instituciones del Estado de Nicaragua, creadas constitucionalmente para el desarrollo integral del país y su ciudadanía en una Democracia Plena.
• Es necesario denunciar la invalidez de dicho Decreto, por estar reñido con la Constitución, porque atenta contra el carácter republicano del Estado de Nicaragua y abona a la desestabilización de las incipientes democracias de la región.
• Es obligatorio condenar la persecución del gobierno en contra de diversas organizaciones y activistas de la sociedad civil, así como de los medios de comunicación, lo cual violenta grave y profundamente la libertad de expresión, acción y prensa.

POR TANTO:

La Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, con el respeto acostumbrado, conmina con carácter de urgencia a los Estados miembros de la OEA y a sus órganos, a que cumplan con el Art. 19 de la Carta Democrática Interamericana. De acuerdo a este artículo, eliminarle funciones constitucionales a un Poder del Estado es una ruptura del orden democrático, pues viola el Art. 130, entre muchos otros, de la Constitución de ese país, por lo que merece sanciones internacionales.

Si lo desea puede descargar el PRONUNCIAMIENTO en su versión PDF:

Para dicha oportunidad, la Red elaboró una carta sobre la temática de los Derechos a libertad de organización, asociación y de expresión en las Américas. De esta forma, reafirmamos nuestro interés por trabajar conjuntamente con todos los sectores para la mejora de la democracia en la región y superar las inequidades.

Para acceder a la resolución haga clic en los siguientes links:

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Participación de la Red en la Planificación y Consultas para la Cumbre de las Américas
Con el objetivo de impulsar los principios contenidos en el documento Defendiendo la Sociedad Civil elaborado por el Movimiento Mundial para la Democracia y procurando impulsar mecanismos efectivos de defensa de la sociedad civil, incrementar su participación en los mecanismos regionales, e impulsar ideas que mejoren la democracia en la región, la Red ha enviado diversas misiones para diversas reuniones regionales y sub regionales. Así mismo, ha participado activamente en las reuniones preparatorias de la V Cumbre de Presidentes de las Américas. A través de la participación de varios/as representantes de la Red en estas reuniones se ha logrado generar acuerdos con cientos de organizaciones para incluir los principios de defensa de la sociedad civil en las propuestas para la Cumbre así como proponer mecanismos de participación permanente de la sociedad civil en la OEA mediante la creación de un Concejo Permanente de Sociedad Civil, entre otras iniciativas.

Reuniones en las cuales participaron representantes de la Red: Seminario de Consulta a la Sociedad Civil sobre la V Cumbre de las Américas (Miami, Florida, Abril 2008), Foro Subregional de la Sociedad Civil del Caribe (Trinidad y Tobago, Octubre 2008),  Foro Subregional de la Sociedad Civil de Centroamérica, México y República Dominicana (San Salvador, El Salvador, Diciembre 2008),  Foro Subregional de la Sociedad Civil de Sudamérica (Lima, Perú, Febrero de 2009), Foro Hemisférico de la Sociedad Civil (Washington DC, marzo 2009).

La Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, conformada por diferentes organizaciones sociales y civiles que promovemos la democracia en nuestros países y en nuestra región, manifestó mediante un comunicado firmado por nuestros miembros el 28 de junio pasado, su profunda preocupación por la grave crisis política que se vive en la hermana República de Honduras durante los últimos días, su rechazo a la violencia y su solidaridad con el pueblo. De igual forma, miembros de la Red han estado brindando sus buenos oficios para apoyar todo esfuerzo de mediación, y procurar soluciones no violentas y democráticas al conflicto. La Junta de Coordinadores ha formulado una serie de recomendaciones para ayudar a la búsqueda de propuestas para el diálogo que facilite a Honduras continuar por el camino democrático y evitar los intervencionismos internos o externos y la violencia, asignando la mayor importancia al respeto por la autodeterminación del pueblo hondureño.

Lo que sigue a continuación es una segunda versión revisada de una propuesta concreta que persigue reflejar, en forma apegada a la Constitución, una solución que sea hondureña, constitucional y consensuada, hacia la paz social en forma duradera. Son ideas que, desde fuera pero en consulta con las fuerzas vivas del país, aportamos a los hondureños con la mayor fraternidad, en ésta hora determinante, con miras a lograr la Paz.  Esta segunda versión revisada atiende atinadas recomendaciones de distintos actores en Honduras, y de amigos de Honduras que desde fuera desean lo mejor para la tierra de Francisco Morazán.

ACUERDO POLÍTICO NACIONAL

Por la Paz Social en Honduras

En ocasiones hay que esforzarse para optar por la ética de la responsabilidad sobre la ética de la convicción. La responsabilidad de asegurar la paz social en forma duradera, no importa ahora quién o quiénes son los que la quieren impedir, o los que la pusieron a riesgo. Existe la convicción de que todo lo que une a los hondureños, importa muchísimo más de lo que los pudiere desunir.

Adelanto de Elecciones Presidenciales:

Como resultado de un gran consenso político nacional se adelantarán las elecciones presidenciales programadas para el mes de noviembre, y trasladarlas al mes de agosto o, a más tardar, al mes de septiembre, considerando la excepcional realidad actual, pero con el mayor apego a la Constitución Política de Honduras.

Las elecciones serán convocadas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Honduras, supervisadas por la OEA, y abiertas a la más amplia posibilidad de observadores internacionales.

Congreso Nacional de Diputados:

Como resultado de un acuerdo de las fuerzas políticas en Honduras, en sesión extraordinaria convocada por el Congreso Nacional de Diputados, a solicitud de su Comisión Permanente:

• Don Roberto Micheletti Bain presentará su renuncia irrevocable al cargo de Presidente Constitucional de Honduras, electo en junio de 2009 por el Congreso Nacional de Diputados hondureño;
• Don Manuel Zelaya Rosales, luego de ser restituido en su cargo como Presidente Constitucional de Honduras, electo en elecciones generales que tuvieron lugar en noviembre de 2005, en forma inmediata presentará su renuncia irrevocable al cargo;
• Ante la falta absoluta del Presidente, de los tres designados y del Presidente del Congreso, y según lo consigna la Constitución, el Congreso Nacional resolverá que el Poder Ejecutivo sea ejercido por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, por el tiempo que faltare para terminar el periodo constitucional, de conformidad con el cambio propuesto como resultado del Acuerdo Político Nacional. El nuevo Presidente interino podrá ser asesorado por un Consejo de ex Presidentes y/o representantes de la Sociedad Civil y del Sector Privado y/o "notables" internacionales;
• El Congreso Nacional encomendará al Tribunal Supremo Electoral que adelante las elecciones presidenciales, y el Congreso reformará en forma expedita la Ley Electoral si ello fuere necesario, pero con ese único fin;
• El Congreso Nacional resolverá conceder amnistía a don Manuel Zelaya Rosales y a don Roberto Micheletti, por cualesquiera delitos políticos que se les pudieren imputar;
• Se tendrá a Iglesias Cristianas históricas como garantes del Acuerdo Político Nacional;
• Se encomendará a que el nuevo Presidente interino:
• o A cargo de un gobierno de transición, unidad y reconciliación nacional, integre su gabinete e instituciones autónomas por ciudadanos(as) propuestos(as) por los cinco (5) partidos políticos legalmente reconocidos, en el orden de preeminencia de acuerdo al resultado de la última elección, y en el orden en que se listan dichas Secretarías de Estado e Instituciones en la Constitución Nacional y la Ley de Administración Pública;
• o Convoque a un gran diálogo, mediante un proceso de Concertación Nacional encaminado a enfrentar los principales apremios económicos y sociales, hacia la Paz Social; un diálogo incluyente de todos los sectores de la vida nacional, con la facilitación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), teniendo como referencia la experiencia en países de la región;
• o De conformidad con el mandato constitucional, que impulse la formulación del Plan Nacional de Desarrollo, a ser discutido en Consejo de Ministros, sometido a la aprobación del Congreso Nacional, seguido por su dirección y ejecución, y
• o Impulse y promueva el consenso nacional en torno a las necesarias reformas a la Carta Magna, según el mecanismo que la misma prevé.
• Se solicitará el inmediato levantamiento de la suspensión del derecho a la participación de Honduras en la OEA, y la aceptación de la solución hondureña por parte de la comunidad internacional, con el correspondiente reconocimiento internacional de las nuevas autoridades.

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Don Manuel Zelaya Rosales                                                                Don Roberto Micheletti Bain

Partido Liberal

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Presidente

Partido Nacional                                             Partido Innovación y Unidad Social Demócrata

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Ricardo Alvarez Arias                                                 Jorge Aguilar Paredes

Presidente                                                                     Presidente

Partido Unificación Democrática                   Partido Demócrata Cristiano

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César Ham                                                               Lucas Aguilera

Presidente                                                                    Presidente

  GARANTES

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Cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga                          Pastor Oswaldo Canales

Iglesia Católica                                                                       Confraternidad Evangélica de Honduras

Considerando que nuestra Red tiene como finalidad proveer apoyo y solidaridad a individuos y grupos en situaciones donde la democracia está en peligro, nuestra Red rechaza y condena todas las acciones encaminadas  a romper el orden constitucional de la República de Honduras y la separación violenta del Presidente electo democráticamente.

De la misma manera rechazamos las posturas antidemocráticas promovidas desde el Gobierno que desembocaron en esta crisis, en particular la práctica de cambiar las reglas de juego constitucionales para favorecer el presidente en ejercicio. Pedimos el cese a la persecución o encarcelamiento de los diferentes actores políticos sin haberles dado la oportunidad de un juicio legal.

La Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia quiere expresar su rechazo categórico a toda formula de intervención militar en los países de nuestra región. El uso de la violencia y las vías de hecho, sólo han dejado en nuestra historia sangre y atraso.

La Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia hace un llamado vehemente a todos los actores del conflicto en Honduras para que se guíen por la sensatez y la moderación promoviendo una solución pacífica, no violenta, sobre la base de un  diálogo nacional y libre de interferencias externas. Dicha solución deberá ser respetuosa de la institucionalidad democrática, el Estado de Derecho, la Constitución Política de Honduras, la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la Carta Democrática Interamericana.

Respetuosamente instamos a la Organización de Estados Americanos  para que interponga sus buenos oficios a fin de que, escuchando a todas las partes involucradas en este conflicto y a través de un diálogo sincero y respetuoso, se encuentre una solución que no debilite y por el contrario fortalezca a las Instituciones del Estado de la República de Honduras y prevalezcan la Paz, la defensa de los Derechos Humanos y la Libertad a la que aspiran nuestras hermanas y hermanos hondureños.

Apoyamos el llamado urgente de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos a que se restaure el orden democrático en Honduras y a que se respeten los derechos humanos, el Estado de Derecho, la Carta Democrática Interamericana y el respeto irrestricto del derecho a la libertad de expresión.

Finalmente en estos momentos difíciles enviamos nuestro mensaje de solidaridad a todo el pueblo hondureño y especialmente a las organizaciones de la Sociedad Civil cuyo arduo trabajo en favor de los más elevados ideales, principios y prácticas de la democracia ha sido y es fundamental para el fortalecimiento y consolidación de la República de Honduras.

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