Petición Internacional de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia:

NO A LA DICTADURA EN NICARAGUA

Noviembre de 2011.

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La Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (RedLad), plataforma de impulso a la democracia y los derechos humanos, integrada por aproximadamente 300 organizaciones de la Región. Capítulo regional del Movimiento Mundial por la Democracia (WMD) y Miembro Oficial del Foro de Sociedad Civil de la Organización de Estados Americanos (OEA), Hagamos Democracia, Movimiento Puente, Movimiento por Nicaragua, Cruzada Ciudadana por la Democracia y Un Mundo Sin Mordaza:

Alertan sobre fraude masivo electoral perpetrado en Nicaragua el pasado domingo 6 de noviembre, por parte del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Los Observadores Electorales profesionales Internacionales de la Misión de la Unión Europea, Hagamos Democracia, Ética y Transparencia, Movimiento por Nicaragua y diversos medios de comunicación nacionales como la Prensa y el Nuevo Diario dieron a conocer la enorme cantidad de denuncias por fraude, irregularidades, favoritismos, quema de papeletas, abuso policial, proselitismo ilegal a favor del oficialismo y conteo de votos sin presencia de fiscales de la oposición. Igualmente, las misiones observadoras de la Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA), denunciaron graves dificultades para ingresar a las mesas electorales a realizar las observaciones pertinentes y la carencia condiciones adecuadas para llevar a cabo la observación.

Se manifestó además, que la gran mayoría de misiones acreditadas como "acompañantes" son de organizaciones afines al FSLN y a Daniel Ortega. La Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia y la organización Transparencia Internacional, entre muchas organizaciones internacionales,  solicitaron en reiteradas ocasiones la acreditación formal ante el Consejo Supremo Electoral (CSE) sin recibir ninguna respuesta por parte del órgano gubernamental.

El CSE manifiesta con el 85% de las mesas escrutadas a Daniel Ortega como vencedor con un 62.65% de los votos válidamente emitidos, sin embargo, estos resultados no son reconocidos ni aceptados por los partidos opositores ni observadores independientes participantes en la jornada. Tampoco son ni remotamente cercanos a las encuestas de boca de urna que manejamos ni a ninguna boca de urna que hemos revisado, encuesta o patrones de comportamiento histórico electoral.

El fraude previo y durante las elecciones dan a conocer resultados que son en realidad ampliamente cuestionables y no cuentan con criterios para ser calificados como veraces, transparentes, democráticos ni reales.

La Red Latinoamericana y del Caribe, alerto la semana pasada la gran cantidad de irregularidades presentes en los momentos previos a la elección:

• Candidatura inconstitucional de Daniel Ortega.
• Magistrados del CSE de facto y con períodos vencidos.
• Problemas con el Calendario electoral.. Ilegalidades en la conformación de los Consejos Electorales Departamentales y Regionales del Atlántico (CED y CER).
• Politización y arbitrariedad en la entrega de Cédulas de Identidad.
• Limitaciones para la verificación ciudadana.
• Reglamento de Observación Electoral con limitaciones y dificultades para acreditar la observación internacional y nacional.
• Código de Ética inconstitucional.
• Utilización de los bienes del Estado para realizar propaganda partidaria.
• Rechazo arbitrario e ilegal de Fiscales Nacionales.
• Impugnación ilegal de candidaturas a diputados.
• Violencia y persecución política, así como amenazas e intimidaciones.
• Padrón electoral inflado y no público.
• Reelección ilegal de la Jefa de la Policía.

Otra serie de factores, han sido señalados y respaldados en un informe emitido por la organización Ética y Transparencia, capítulo nicaragüense de Transparencia Internacional, donde se indica que:

• Previo a la elección no era posible ubicar una sola escuela u oficina donde no hubiera campaña proselitista a favor de Daniel Ortega.
• El registro en padrones carecía de controles lo que daba pie a la inscripción de extranjeros y menores. Se estima además, que 100,000 empleados públicos y allegados al FSLN recibieron de forma declarada por el CSE un segundo documento de votación de manera preferencial, en un 80% de los casos el primer documento no fue solicitado ni recibido.
• Las oficinas de la estructura gubernamental de emisión de documento de votación estuvieron cerradas hasta tres meses antes de la elección con lo que a un aproximado de 250.000 no les fue entregado su documento de votación, negándoseles su derecho al sufragio.
• El Padrón Electoral no fue auditado y no existen controles sobre su uso por lo que se estima gran cantidad de extranjeros y difuntos inscritos en los padrones.
• El gasto del FSLN en propagan superó  15 veces a todos los partidos de oposición juntos.

Ética y Transparencia afirma que el Proceso Electoral no cumplía de previo con los requisitos y garantías mínimas universales en materia de Campañas Electorales Limpias.

Los titulares nacionales e internacionales de medios de comunicación, destacan la votación de hondureños y demás extranjeros, fiscales de la oposición desaparecidos, violaciones de derechos civiles a partidarios de la oposición, detención y agresión contra manifestantes de la oposición y otra serie de eventos que indican el tenso clima pos electoral que se vive en el país.

La RedLad desarrolló una observación ciudadana internacional propia y además coordino esfuerzos con Hagamos Democracia. Encontramos que fue una elección viciada de origen y un fraude descarado continuado. No encontramos ningún elemento que permita dar validez a esta elección.

Ante ello, el Secretariado de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia:

• Exige la nulidad inmediata de las Elecciones del 6 de Noviembre en Nicaragua
• Exige un cambio inmediato de las autoridades electorales por unas validas e imparciales.
• Pide la organización de unas nuevas elecciones con condiciones democráticas.
• Alerta a la comunidad internacional, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y gobiernos democráticos del mundo sobre el fraude masivo acontecido en Nicaragua por parte del FSLN.
• Exige a la Organización de Estados Americanos, calificar de antidemocrático y fraudulento el proceso electoral.
• Pide a la comunidad internacional no reconocer el gobierno dictatorial que se estaría instalando luego del fraude electoral.
• Insta al Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza a ser verdadero garante de la democracia y no ser cómplice del fraude y la dictadura, y a replantear y retirar su posición con respecto a los comicios, sobre los cuales aseguró: "En Nicaragua ayer avanzó la democracia y la paz". El fraude es más que evidente lo que demuestra un retroceso democrático en Nicaragua que socaba los principios de la OEA mismos e instala una dictadura en Nicaragua, avalar la elección es apoyar la dictadura.
• Se une a la sociedad civil nicaragüense, la organizaciones Hagamos Democracia,  Ética y Transparencia, Movimiento por Nicaragua y a todos los observadores independientes no acreditados por el CSE a quienes expresa su solidaridad y apoyo.
• Se suma a la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AMCHAM) en su exigencia de declarar NULA la elección.
• Hace un llamado a evitar la violencia.
• Pide la instalación de un Grupo de Alto Nivel Internacional encargado de mediar para la vuelta a la democracia de Nicaragua.
• Pide a los gobiernos democráticos no reconocer las elecciones fraudulentas en Nicaragua ni reconocer el nuevo gobierno dictatorial de Daniel Ortega producto de un fraude masivo electoral.

Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia

Secretariado Permanente

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REDLAD Denuncia Fraude Previo en Elecciones en Nicaragua

A dos días de los comicios nacionales en Nicaragua, los representantes de la Red Latinoamericana y del Caribe por la Democracia,  denuncian no haber sido acreditados  como observador o “acompañante” del proceso electoral nicaragüense por parte de las autoridades del Consejo Supremo Electoral, CSE, pese a haber hecho una solicitud oficial a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, que tampoco respondió a la petición del organismo regional.

La RedLad denuncia la “ilegal candidatura de Daniel Ortega”, lo que la organización considera “la más grave violación a la Constitución de Nicaragua en su artículo 147, inciso a)”.

Cuestionamientos:

Otro de los cuestionamientos de la RedLad es sobre los magistrados del CSE a quienes considera “magistrados de facto”. “Es importante destacar que varios de los magistrados del CSE, incluyendo a su presidente Roberto Rivas, ejercen con sus plazos vencidos…”.

La “entrega irregular de cédulas” es otra de las acciones que empañan el proceso electoral nicaragüense. Además, el “atraso y cambios en el calendario electoral, la verificación ciudadana incorrecta y falta de entrega del comprobante de verificación, así como la utilización de los recursos estatales para actividades proselitistas por parte del Frente Sandinista”, son motivo de cuestionamientos por parte de representantes de la RedLad.

La posible inhibición de los candidatos del Partido Liberal Independiente, PLI, es el último punto que la organización estableció en un documento a ser tomado en cuenta para realizar la labor de observación.

Anexo se encuentra el informe de la Redlad donde se denuncian las irregularidades del proceso.

*Informe completo del Secretariado de la RedLad en Formato PDF.

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Declaración de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia sobre pueblos indígenas

Septiembre de 2011.

La Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, plataforma  sin fines de lucro, que asocia a más de 250 organizaciones de la sociedad civil, redes, activistas, académicos, representantes de sectores sindicales y empresariales, movimientos sociales,  juveniles y de la sociedad política de América Latina y el Caribe; trabajando arduamente por el fortalecimiento del sistema democrático, la defensa de los derechos humanos,  la promoción del desarrollo sostenible y la cohesión social de los habitantes de los países a nivel regional.

La Red acepta toda manifestación en pro de la democracia participativa o representativa e incluye en sus líneas de acción a todas las persona que realizan actividades por la democracia y como movimiento plural, engloba a diferentes sectores sociales, incluidas organizaciones, grupos y personas indígenas. Por  este motivo, la Red manifiesta lo siguiente:

Reconociendo la historia de nuestros pueblos originarios, que en su tránsito por esta tierra denominada por nuestros ancestros como Abya Yala, han aportado y continúan aportando conocimiento o saberes que van desde la astronomía, medicina, agricultura, conservación, manejo de los recursos naturales, arquitectura, arte, música, matemáticas, formas de organización social, como parte de una totalidad enmarcada en su cosmovisión.

El 12 de octubre del 2011, se cumplen 519 años, del  mal llamado descubrimiento de América, inicio de la conquista y de la destrucción de mucha de nuestra  cultura ancestral y vidas humanas a lo interno de la Abya Yala.

Ante las crisis financieras que se viven hoy día, y que se traducen en incremento de la pobreza y ante la creciente inseguridad, aunado a la crisis del medio ambiente que genera cambios climáticos que perjudican a todos los seres vivos que habitamos este planeta, se tiene que reconocer que son los pueblos indígenas quienes conservan en sus territorios la mayor diversidad biológica del planeta y que dichos territorios son para muchos pueblos indígenas la vida, la madre tierra. La tierra es para el indígena:

1. Un espacio cultural pluriétnico, porque confluyen diferentes culturas, tradiciones, costumbres, de diversos pueblos indígenas como los Mayas, Aztecas, Kunas, Incas, Wichis, Mapuches, Mig Mag, Quiches, Aymaras, Quechuas, Guaraníes, Yanomamis, Pemones, Wayus, entre otros y que buscan conservar, recuperar y promover su identidad étnica, con los valores que permitan construir un espacio con identidad cultural.
2. Un lugar físico, geográfico, y biológico delimitado por las instituciones de gobierno a través de un  marco jurídico, o con leyes creadas la mayoría de las ocasiones por otros y sin la participación, real, transparente y directa de los pobladores; pero que une a las poblaciones mediante las condiciones, climáticas, suelos, flora muy análoga (selva baja y alta definidas como caducifolia, o perennifolia), fauna (biodiversa) común y sobre todos los mismos problemas de riesgos de huracanes, inundaciones, sequía, fuego, etc.
3. Un sitio de actividad productiva cuyas prácticas de producción, contienen los mismos ejes transversales de sustentabilidad, conservación de lo orgánico, de lo cooperativo, de la efectividad, eficiencia, de calidad y cantidad. Que buscan las vocaciones productivas de cada lugar y no la rentabilidad o la utilidad por la utilidad o la ganancia por la ganancia.
4. Un área de educación formal e informal, que históricamente poseía entidades de transferencia de conocimientos y que actualmente sigue en la perspectiva de fortalecer lo interno y externo, a través de la capacitación/formación con diferentes metodologías, la cual debe de ser crítica y constructiva.
5. Una zona de habitación específica donde concurren diversos actores y sobre todo la familia. Donde se busca el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, con trabajo individual y colectivo. Reconociendo que el bienestar tipificado en una supuesta modernidad o civilización no necesariamente corresponde a la calidad de vida o a la buena vida que desean los pueblos originarios.
6. Una plaza de Convivencia y recreación, donde se promueven diferentes actividades para el fortalecimiento creativo, de intercambio cultural, teatral, educativo, de salud, entre otras acciones.
7. Una concentración de saberes para construir, y reconocer que todas las y los  indígenas, pueden coincidir en intercambiar de manera colectiva y pacífica con otras expresiones no indígenas.

A diferencia de lo que se cree los pueblos indígenas generan una Planeación específica, Planes de Manejo, la mayoría buscan lo estratégico, porque la experiencia les ha constatado que la solución de los problemas temporales o inmediatos solamente actúan sobre los efectos y no sobre las causas originadoras de un contexto de pobreza, hambre, incertidumbre, inseguridad social.

Históricamente, los pueblos indígenas han generado, en algunos casos, formas de organización social territorial más incluyentes y participativas que promueven la formación de estructuras de relaciones de grupo permanentes, transparentes y formas de decisión claras y consensuadas. Así mismo, se investigan y promueven la recuperación de antiguas formas de organización social y se fortalecen nuevas formas que han surgido a través de sus luchas, experiencias o movimientos, evitando la marginación, la segregación, el asistencialismo o el paternalismo e impulsando más bien la búsqueda de oportunidades.

La Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia:

• Alza su voz para que todos los gobiernos reconozcan los derechos de los pueblos y naciones indígenas, y se reconozca a estas entidades como sujetos tutelares de derechos.
• Manifiesta su preocupación por los gobiernos que promueven todo tipo de acción para desconocer los derechos de posesión y de dominio sobre los territorios habitados por milenios de años.
• Rechaza la explotación de los recursos naturales de forma irracional y de contaminación total, sin la Consulta Previa e Informada, y sin contar con el consentimiento y autorización de los pueblos originarios o indígenas. Los pueblos indígenas no quieren ser solo informados, quieren ser partícipes de las decisiones que los puedan afectar.
• La Red manifiesta su preocupación por algunos megaproyectos que ponen en peligro a poblaciones indígenas: la construcción de hidroeléctricas en México y Brasil, la construcción de las carreteras en Bolivia  y Perú, los desalojos de muchos de los pueblos habitados por indígenas como son el poblado Ingeniero Formosa en Argentina y la persecución de indígenas en el Perija (Venezuela).
• Expresa su consternación por la gran cantidad de obras que están siendo ejecutadas sin la consulta previa y del consentimiento explícito y democrático de los pueblos: en Argentina del Pueblo Wichi en Ingeniero Juárez Formosa, en México por las  Presas hidroeléctrica y eólicas en Oaxaca (Paso de la Reina, lagunas de Chacahua dañando pueblos Mixtecos, zapotecos, juchitecos), en Guerrero (La Parota, a los pueblos Nahuas o náhuatl), o el caso de la explotación minera en el estado de San Luis Potosí en el poblado Real de 14 con el pueblo huichol o Coras. En el Perú con la construcción de carreteras, en la región del Bagua, o en Bolivia en la región del TIPNIS, destruyendo el territorio de los pueblos; Moxos, Yucaré, Chiman.

Es una obligación y un deber de todos los gobiernos que forman parte de la Organización de los Estados Americanos, así como miembros de la Organización de las Naciones Unidas respetar y llevar adelante todos los acuerdos emanados de sus Asambleas, Cumbres, Conferencias, Acuerdos como el acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo o Declaraciones como la del 13 de septiembre del 2007 emanada en el seno de las Naciones Unidas.

Nos pronunciamos en contra de las opiniones de ilegalizar o tipificar como delincuentes, o criminales, a los líderes o dirigentes de las organizaciones y pueblos indígenas, por defender sus derechos pacíficamente o que se tipifique como asociación delictuosa a las organizaciones y pueblos indígenas por defender su territorio de manera no violenta contra el abuso y la violación de sus derechos.

Finalmente, la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, se solidariza con los pueblos originarios e indígenas y solicita el respeto de sus derechos legítimamente adquiridos.

¡DEMOCRACIA, TERRITORIO Y AUTONOMIA INDÍGENA!

RED LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE PARA LA DEMOCRACIA

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Declaración de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia con motivo del 15 de setiembre, Día Internacional de la Democracia

Septiembre de 2011.

La Democracia permite el pleno ejercicio de la ciudadanía, libertades y derechos; e implica deberes, obligaciones y corresponsabilidades para la coexistencia social pacífica y armoniosa.

La Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, conformada y respaldada por más de 250 Organizaciones de la Sociedad Civil de todos los países de la región, se une en la celebración del Día Internacional de la Democracia, este 15 de septiembre de 2011.

Como miembros oficiales del Foro de Sociedad Civil de la Organización de Estados Americanos (OEA), y fungiendo como capítulo regional del Movimiento Mundial por la Democracia (WMD), acotamos una serie de nociones de real importancia para la consolidación democrática plena en América Latina y el Caribe.

Un verdadero sistema democrático permite y promueve el intercambio de ideas, la participación ciudadana, la alternancia del poder político y el pleno ejercicio de las libertades fundamentales y los Derechos Humanos. La Democracia nos ofrece las mejores herramientas para combatir la pobreza, la exclusión, la marginación y la desigualdad. Es decir, la Democracia no implica únicamente elecciones libres, periódicas y secretas, va más allá.

Sin embargo, hay que tomar conciencia de que las prácticas antidemocráticas persisten, y en muchos casos, se acrecientan. En la actualidad en muchos países se continúan perpetrando  violaciones de derechos humanos, se exacerba y acentúa la inequidad de género, las políticas arbitrarias, el nepotismo, el clientelismo, el populismo demagogo y la supresión de libertades fundamentales como la libertad de expresión, asociación, reunión, cátedra, culto y prensa.

La mejor herramienta para reinsertar los valores democráticos es la promoción de la educación cívica, la formación democrática de las naciones, la constante observación y fortalecimiento de las instituciones gubernamentales y la potenciación de espacios para la Sociedad Civil Organizada.

La Democracia Plena implica, sujeción al Estado de Derecho, separación real de los poderes públicos, transparencia y rendición de cuentas, favorecimiento de los pesos y contrapesos, libertades plenas, aplicación firme e imparcial de la Ley, un sistema de administración de justicia en el cual se pueda confiar, espacios de participación ciudadana real, consulta y concertación, e institucionalidad robusta.

El respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales son elementos sine qua non de la Democracia. No es posible hablar de Democracia Plena donde se  perpetúan desigualdades sociales que marginalizan a la mayoría de la población, y se fomentan políticas arbitrarias a favor de grupos de poder específicos, élites opulentas, simpatizantes político-partidistas; se gobierna según los intereses personales de los mandatarios y no de la ciudadanía, se fulminan iniciativas de equidad de género, y se detiene y bloquea el ascenso de la mujer, de la juventud y de sectores minoritarios, a puestos de representatividad política y toma de decisiones.

Además, no son prácticas democráticas aquellas que desprecian la cohesión social, aminoran y erradican la participación ciudadana, fomentan la corrupción, irrespetan la separación constitucional e independencia de los poderes públicos, abusan del poder para intimidar y perseguir, o utilizan la fuerza militar o policial para socavar las libertades.

La debilidad del sistema democrático exacerba las prácticas totalitarias, aumenta la ingobernabilidad y minimiza el estado de bienestar y de paz social. Por ello es necesaria la profundización de medidas internacionales, regionales, nacionales y locales que aseguren la permanencia democrática en nuestra América Latina y el Caribe con el fin de asegurar un Estado de promoción social basado en libertades, derechos y respeto a la ciudadanía.

Ante ello, reafirmamos nuestros compromisos adquiridos en nuestra Asamblea de Miembros de Rosario (Argentina), realizada en abril de este año, y plasmados en la Declaración Ciudadana de Rosario[1] promulgada por nuestra organización y entes afiliados, a la vez que incorporamos nuevos escenarios de actuación:

• Nos comprometemos a trabajar por el fortalecimiento de la democracia, el respeto a las libertades ciudadanas, la cohesión social y el ejercicio de los derechos ciudadanos en nuestros países y a nivel regional;
• Profundizaremos en la construcción de una sociedad civil independiente, responsable, activa y vigorosa, como actor fundamental en los procesos de gobernabilidad democrática;
• Seguiremos impulsando el diálogo y la búsqueda de acuerdos como mecanismo que nos ofrece la democracia para superar juntos, con base en una visión compartida, los grandes problemas sociales, políticos y económicos que nos aquejan;
• Continuaremos promoviendo la participación de la juventud como artífice de las transformaciones democráticas y la consolidación de sus iniciativas, a la vez que se asegura su inserción y participación en la toma de decisiones y la construcción de la política pública;
• Haremos enérgicos llamados que exijan el cese de la violencia contra las mujeres reflejada en violencia intrafamiliar, asesinatos, persecución, intimidación e inequidad presente en muchos países de la región. Seguiremos dando una firme respuesta de apoyo a las mujeres víctimas de violación de sus derechos.
• Uniremos esfuerzos para exigir el respeto de los derechos de los pueblos indígenas. Es necesario el fortalecimiento de iniciativas y políticas que incluyan amplios procesos consultivos a las poblaciones indígenas, para que la toma de decisiones emane de las necesidades reales de los habitantes y no afecte su estilo de vida.
• Llamamos a los gobiernos, sector empresarial y patronal para que fomenten un respeto real de los derechos laborales y acrecienten la búsqueda de soluciones eficaces  que hagan frente a las altas tasas de desempleo que aquejan a muchos países de nuestra región tal y como lo indican la 100º Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el reporte de la Confederación Sindical Internacional.
• Continuaremos exigiendo, además, el respeto y fortalecimiento de notables instituciones protectoras de derechos humanos tal como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entidad que ha demostrado gran efectividad y celeridad en la protección de víctimas de persecución y violaciones de libertades y derechos.

Por ello,

• Llamamos a unir esfuerzos entre gobiernos, empresa, sociedad civil, academia, sindicatos y sociedad política para luchar contra el flagelo del crimen organizado, el narcotráfico y la violencia que ataca a muchos de nuestros países;
• Instamos a los gobiernos democráticos para que unan esfuerzos con la sociedad civil con el fin de frenar prácticas antidemocráticas que solo conllevan a la implantación de autocracias electas bajo dudosas manipulaciones constitucionales.
• Finalmente, aspiramos a una democracia plena para todos los pueblos de las Américas, sin exclusiones y sin excepciones.

Unidos celebremos este Día Internacional de la Democracia.

RED LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE PARA LA DEMOCRACIA

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Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia

Asesinato de Facundo Cabral y violencia en Guatemala

12 de julio, 2011.

El Secretariado Permanente de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, con el apoyo de más de 250 organizaciones de la región, unidas en defensa de la democracia y el respeto de los Derechos Humanos, lamenta profundamente el asesinato violento del cantautor argentino Facundo Cabral en Guatemala, a manos del sicariato.

Facundo Cabral permanecerá siempre en la conciencia histórica como una figura representativa del arte, la cultura y la música latinoamericana. Siendo además un gran promotor de los valores de la paz, la vida, la no violencia y la espiritualidad abierta, libre y pluralista.

El hecho de que el cantautor haya sido acribillado en su camioneta, luego de una gira por diversas ciudades guatemaltecas, demuestra que la violencia sigue latente en nuestras sociedades latinoamericanas. El sicariato y sus repercusiones, indican que la región no está exenta de terrorismo. No podemos alcanzar la democracia, la equidad, el desarrollo y la primacía de los Derechos Humanos, si se continúan realizando acciones violentas y nefastas a lo interno de nuestros países.

Sin lugar a dudas, este hecho  otorga una evaluación negativa sobre los procesos de pacificación social y seguridad ciudadana que se han implementado en América Latina y el Caribe. Es preciso construir sociedades seguras, transparentes y que fomenten una cultura de respeto a los Derechos Humanos y primordialmente al derecho a la vida. Ahora más que nunca, América Latina debe trabajar y fortalecer esquemas de Democracia Plena y de respeto a los derechos civiles y políticos de la persona humana. 

Hacemos además, un llamado a las autoridades guatemaltecas para que realicen una investigación profunda de esta tragedia. Es necesaria la implementación de acciones concretas que ayuden a reducir la violencia creciente y preocupante en Guatemala.

La Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, reprocha lo acaecido, se une al duelo que implica el asesinato de una figura representativa de la música latinoamericana y alerta de los grandes retos y problemas que persisten en la sociedad latinoamericana.

Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia

Secretariado Permanente

San José, Costa Rica

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02 de junio de 2011

Señor José Miguel Insulza Salinas

Secretario General

Organización de Estados Americanos

Señor Secretario General

Reciba un cordial saludo. La Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, plataforma de impulso a la democracia y los derechos humanos en las Américas, compuesta por más de 250 organizaciones, redes y activistas,  se une a la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas, en relación con la preocupación de que se hayan sacado de contexto las declaraciones dadas por su persona, con motivo de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a raíz del proyecto hidroeléctrico Belo Monte en Brasil.

Ha recogido la prensa internacional que en sus declaraciones a la BBC, usted ha indicado que “la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace recomendaciones. Nunca son órdenes obligatorias para los países”, y concluye que Brasil o ningún país estarían violando ningún tratado internacional si no las acatan. Esto a pesar de que el artículo 25 inciso 1 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indica que “en situaciones de gravedad y urgencia la Comisión podrá, a iniciativa propia o a solicitud de parte, solicitar que un Estado adopte medidas cautelares para prevenir daños irreparables a las personas o al objeto del proceso en conexión con una petición o caso pendiente”.

La CIDH cuenta con la facultad de emitir medidas cautelares de carácter vinculante, y es precisamente necesario que el Secretario General de la OEA contribuya y conlleve al fomento del respeto y apoyo de la autonomía de los órganos del Sistema Interamericano y el trabajo que estos realicen, así como la necesidad de que los Estados acaten las decisiones de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Lo contrario sería la aplicación selectiva de las medidas que resulten más convenientes para cada gobierno, con lo cual estaríamos en presencia de la muerte del sistema. 

Las medidas cautelares en este caso particular, en el cual el Gobierno de Brasil rechaza el papel de la Comisión, han sido brindadas debido a la violación al Derecho de Consulta ampliamente especificado en instrumentos jurídicos del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y analizado nuevamente en la última Declaración de Bogotá, por parte de la III Cumbre de Líderes Indígenas de las Américas (CLIA), así como es parte de la normativa interna de Brasil y parte de diversos instrumentos internacionales de derechos humanos. Igualmente, es preciso recordar que Brasil ratificó el Convenio 169 de la OIT el 25 de julio de 2002 y que sigue vigente a la fecha, lo cual le obliga a proteger y garantizar los derechos colectivos  los pueblos indígenas y tribales en su territorio, de acuerdo a la Constitución brasileña.

Consideramos que, su accionar constituye una contradictio in terminis debido a que un representante de un organismo internacional como la OEA, no puede alegar falta de compulsión del Derecho Internacional. Esperamos que sus declaraciones hayan sido tomadas fuera de contexto y pueda usted rápidamente clarificar que es un error y que los Estados deben respetar plenamente las competencias de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de lo contrario sus declaraciones dejan una vía libre al incumplimiento de las obligaciones internacionales y atentarían contra el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Ante ello, le exhortamos muy respetuosa y vehementemente a que reconsidere sus declaraciones y ejecute las acciones pertinentes que permitan la autonomía y eficiencia  de los órganos del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos tomando en cuenta el pacta sund servanda, la jurisprudencia internacional y la doctrina interamericana al respecto.

Atentamente,

Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia

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Pronunciamiento del Secretariado Permanente de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia:

Jóvenes en Huelga de Hambre en Venezuela

Febrero de 2011.

La Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, organización registrada oficialmente  en el foro de Sociedad Civil de la Organización de Estados Americanos (OEA);  siendo además una entidad compuesta por más de 247 organizaciones de la sociedad civil de las Américas, a través de su Secretariado, expresa su preocupación por el caso de los jóvenes estudiantes que llevan más de 18 días en huelga de hambre frente a la sede de la OEA en Caracas exigiendo el respeto de los derechos humanos en Venezuela y el fin de los atropellos por parte del gobierno de Hugo Chávez.

Los huelguistas suman ya más de 80, distribuidos en 10 estados de Venezuela, así como en las Embajadas de Costa Rica, Chile, Brasil y Paraguay acreditadas en el país. Dichos jóvenes protestan con el fin de exigir y levantar la voz por el respeto de los derechos humanos en Venezuela (sobre todo los derechos de los presos políticos) y la defensa de la democracia. Toda democracia real implica el respeto a los derechos humanos y la supremacía de la ley; si el gobierno de turno pasa por alto estos pilares, el régimen de gobierno deja de ser una democracia y pierde por lo tanto su razón de ser.

El Informe anual 2010 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no pudo incluir una observación en Venezuela, debido a la negativa del gobierno de Hugo Chávez sobre la realización de una visita de la CIDH al país. No existen entonces, estudios ni parámetros confiables que indiquen que el respeto a los derechos humanos en el país se esté dando y claramente esto viola la Carta Democrática Interamericana.

El tema de la huelga de hambre de los estudiantes está tomando un carácter bastante serio y delicado;  la comunidad internacional ha permanecido ausente en relación con los hechos y es urgente que actúe con celeridad. Si esta situación continúa, puede significar en una trágica y lamentable conclusión, tal y como sucedió con la muerte de Franklin Brito hace pocos meses, un pequeño productor agropecuario que entró en huelga de hambre luego de que el gobierno le despojara arbitrariamente de sus tierras.

Es lamentable que en nuestra región, sean Cuba y Venezuela, los países donde la única alternativa que sus gobiernos autoritarios le dejan a la ciudadanía, es el sacrificio personal, que mediante huelgas de hambre han encontrado la única forma de exigir sus derechos democráticos y derechos humanos.

Recientemente, su Eminencia el Cardenal Urosa Sabino le dio su apoyo a los estudiantes en huelga, indicando que es:

"algo muy meritorio que todos debemos reivindicar; pues se trata de la lucha por los derechos de los demás consagrados en la Constitución; de manera que comparto esa actitud de estos muchachos y ojala sus peticiones sean escuchadas y que haya una actitud de promoción y de respeto a los derechos humanos en el país".

 
Nuestra Red considera que los gobiernos de la región deben velar por los derechos humanos, los principios democráticos y por el bienestar de todos sus ciudadanos. La negativa sistemática de gobiernos autoritarios de poner fin a sus abusos y la negativa a la revisión y mediación internacional de la OEA, en cumplimiento de los objetivos de la organización, que por cierto han sido ratificados por el gobierno de Venezuela, simplemente agrava la situación y pone en mayor riesgo a los huelguistas.

Ante ello, la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia:

1.    Se solidariza con los Jóvenes que se mantienen en Huelga de Hambre y reitera la necesidad imperiosa del respeto a los derechos humanos como garante principal de la democracia plena. Hacemos un llamado a todas las autoridades nacionales y regionales, así como, a los gobiernos democráticos de la región para que contribuyan a que se generen las condiciones que permitan a estos jóvenes terminar esta huelga sin que se produzcan consecuencias lamentables.

2.    Hace un llamado urgente a las autoridades de Venezuela para que permitan la visita inmediata del Secretario General de la OEA.

3.    Manifiesta su rechazo público ante la indolencia que ha demostrado tener el gobierno venezolano del presidente Hugo Chávez Frías a raíz de un tema tan delicado e importante como es el respeto a los Derechos Humanos contemplados en la Constitución Política, la Carta Democrática Interamericana, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y demás convenios internacionales que regulan la materia de  los cuáles Venezuela es parte. Además, solicita al gobierno venezolano permitir el ingreso de observadores oficiales de la OEA, incluyendo al Secretario General José Miguel Insulza Salinas, para que verifiquen la situación real actual de los derechos humanos en el país.

4.    Exhorta a la OEA y a la comunidad internacional en general, a tomar cartas en el asunto y brindar la atención necesaria al tema de los huelguistas, los prisioneros políticos en Venezuela, la situación actual de los derechos humanos en ese país y la politización de la justicia.

5.    Exigimos a los gobiernos participantes de la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA) para que contribuyan al dialogo y a la búsqueda de una solución, en lugar de contribuir a que se incremente la crisis mediante la solidaridad al autoritarismo.

6.    Exigimos que se respeten los derechos humanos en Venezuela y se logren espacios de dialogo positivos que permitan el rescate democrático.

SECRETARIADO PERMANENTE

RED LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE PARA LA DEMOCRACIA

SAN JOSÉ, COSTA RICA.

VERSION EN PDF:  

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ENGLISH VERSION:

Statement of the Permanent Secretariat of Latin American and Caribbean Network for Democracy:
Youth Hunger Strike in Venezuela

February 2011

The Latin American and Caribbean Network for Democracy, an organization officially registered in the Civil Society Forum of the Organization of American States (OAS), and is also an entity composed of more than 247 civil society organizations of the Americas, through its Secretariat, expressed his concern for young students taking more than 18 days on hunger strike outside the offices of the OAS in Caracas demanding respect for human rights in Venezuela and to the abuses by the government of Hugo Chávez.

The strikers now number over 80, distributed in 10 states of Venezuela, as well as the embassies of Costa Rica, Chile, Brazil and Paraguay accredited in the country. These young people are protesting to demand and raise the voice for the respect of human rights in Venezuela (especially the rights of political prisoners) and the defense of democracy. All real democracy implies respect for human rights and the rule of law, if the current government ignores these pillars, governance is no longer a democracy and therefore lost its raison d’etre.

2010 Annual Report of the Human Rights Commission failed to include an observation in Venezuela, due to the refusal of the government of Hugo Chavez about making a visit by the IACHR in the country. There are then, studies or reliable parameters to indicate that respect for human rights in the country is taking and this clearly violates the Inter-American Democratic Charter.

The issue of hunger strike students are taking a very serious and delicate nature, the international community has been absent in relation to the facts and it is urgent to act quickly. If this situation continues, it could mean a tragic and unfortunate conclusion, as happened with the death of Franklin Brito few months ago, a small farmer who went on hunger strike after the government arbitrarily stripped of their land.

 
It is unfortunate that in our region are Cuba and Venezuela, countries where the only alternative that will leave their authoritarian governments to citizens, is the sacrifice, through hunger strikes that have found the only way to demand their democratic rights and rights human.

Recently, his Eminence Cardinal Urosa Sabino gave his support to the striking students, indicating that:

"A very commendable that we all claim, because it is fighting for the rights of others as enshrined in the Constitution, so that share the attitude of these guys and hopefully their requests are heard and that has an attitude of advocacy and respect for human rights in the country. "

 
Our Network believes that governments in the region should ensure human rights, democratic principles and the welfare of all its citizens. The systematic refusal of authoritarian governments to end their abuses and refusal to review and international mediation of the OAS, in fulfillment of the objectives of the organization, which incidentally have been ratified by the government of Venezuela, simply exacerbates the situation and putting them at greater risk to the strikers.

In response, the Latin American and Caribbean Network for Democracy:

1.   Sympathizes with the young men who are kept in a hunger strike and reiterated the imperative of respect for human rights as the principal guarantor of full democracy. We call on all national and regional authorities, as well as democratic governments of the region to help create conditions that allow these young people end the strike without producing unfortunate consequences.
Urgently calls on the authorities in Venezuela to allow the immediate visit of the Secretary General of the OAS.

2.   Is public backlash against the indolence that has shown the Venezuelan government of President Hugo Chávez Frías as a result of an issue as sensitive and important as is respect for human rights enshrined in the Constitution, the Charter, the Universal Declaration Human Rights, the Covenant on Civil and Political Rights and other international conventions governing the matter of which Venezuela is a party. It also asks the Venezuelan government to allow the entry of the official observers of the OAS, including the Secretary General Jose Miguel Insulza Salinas, to verify the real situation of human rights in the country.

3.   Calls upon the OAS and the international community in general to take action on the matter and provide the necessary attention to the issue of striking workers, political prisoners in Venezuela, the current situation of human rights in that country and the politicization of justice.

4.   We urge the governments participating in the Bolivarian Alternative of the Americas (ALBA) to contribute to dialogue and find a solution instead of contributing to an increase in the crisis through solidarity to authoritarianism.

5.   We demand respect for human rights in Venezuela and the achievement of positive dialogue spaces that permit the recovery of democracy.

PERMANENT SECRETARIAT
LATIN AMERICAN AND CARIBBEAN NETWORK FOR DEMOCRACY

SAN JOSE, COSTA RICA.

PDF VERSION:

Comunicado del Secretariado Permanente de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia:

Apoyo a la candidatura del Excelentísimo Embajador Guillermo Cochez como miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Febrero,  2011.

El Secretariado Permanente de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, plataforma registrada de forma permanente en el Foro de Sociedad Civil de la Organización de Estados Americanos (OEA), siendo además una entidad que reúne a más de 247 organizaciones de impulso a la Democracia Plena y el respeto, defensa y promoción de los Derechos Humanos en la región, manifiesta con gran fervor su total apoyo a la candidatura del excelentísimo señor Guillermo Cochez, actual Embajador, Representante Permanente de la República de Panamá ante la OEA, como miembro pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Dadas las cualidades y experiencia del Embajador Cochez  como jurista y en materia de Derechos Humanos y diplomacia internacional, la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia celebra esta postulación del gobierno de la República de Panamá, e invita a organizaciones, gobiernos y sociedad civil en general a apoyar vehemente dicha candidatura.

El Embajador Cochez ha estado vinculado por más de 40 años a la defensa permanente de los Derechos Humanos, principalmente el de libertad de expresión. Profesor de Derecho en la prestigiosa Universidad de Panamá desde hace aproximadamente 33 años. Periodista, abogado, ex diputado y ex Alcalde, el Embajador Cochez es un ejemplo de defensa inmensurable a favor de la Democracia Plena y el libre ejercicio de los Derechos Humanos y libertades fundamentales; a la vez, es una persona altamente capacitada para desempeñar  el cargo de miembro pleno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Por estos motivos, el Secretariado Permanente de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia avala la candidatura y exhorta vehementemente al apoyo de instituciones, gobiernos, organizaciones, medios, opinión pública internacional y sociedad civil en general,  a favor del nombramiento del Embajador Cochez como miembro pleno del CIDH, órgano garante del libre ejercicio de los Derechos Humanos en todo el continente americano.

Secretariado Permanente

Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia

San José, Costa Rica

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Si lo desea puede descargar el Comunicado en formato PDF dando clic al siguiente vínculo:

Alerta del Secretariado Permanente de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia: Ley Habilitante en Venezuela

Diciembre de 2010

El Secretariado Permanente de la  Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, plataforma de impulso a la democracia y los derechos humanos en las Américas compuesta por más de 247 organizaciones, redes y activistas, alerta sobre el peligro que puede suponer para la democracia la investidura otorgada al presidente Hugo Chávez mediante la llamada Ley Habilitante, que le permite legislar a través de decretos, carentes de control político, por un lapso de 18 meses.

Muchos analistas temen que la Ley Habilitante, aprobada por la bancada oficialista en el Parlamento venezolano, le permita al presidente Chávez anular la nueva Asamblea Nacional que entraría en ejercicio en enero de 2011 y que cuenta con amplios escaños en manos de partidos opositores al gobierno.

La Ley Habilitante puede traer nefastas consecuencias para la democracia y el respeto a los derechos humanos. Existen además, otras iniciativas que menoscaban las libertades fundamentales. La reforma a la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Otros Medios; cuyas incorporaciones regulan, limitan, controlan y restringen Internet, se constituye en una grave violación al derecho a la información, libertad de prensa y por ende la libertad de expresión.

Otro de los casos más polémicos es el de las expropiaciones masivas en el departamento de Zulia, donde Chávez ha expulsado a ganaderos y agricultores con títulos de propiedad y escrituras públicas, confiscando más de 25000 hectáreas de terreno. Esto en la que se considera, la zona productora de alimentos más importante de toda Venezuela. Las expropiaciones han contado con la protesta pacífica de diputados, productores, agricultores y grupos de sociedad civil organizada; los cuales expresan la inexistencia de motivos económicos o políticos válidos para dar pie a las expulsiones. Sin duda alguna, esto constituye una seria lesión a la propiedad privada y menoscaba el libre ejercicio de los dueños sobre las tierras que poseen.

Las expropiaciones se han realizado con la presencia de las Fuerzas Armadas y el Ejército venezolano, lo que ha significado claras represiones contra quienes obstaculizan la toma de los terrenos.

Con base en lo anterior, el Secretariado Permanente de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia:

·         Insta al gobierno venezolano a respetar la supremacía constitucional y el control político que debe ejercer la Asamblea Nacional sobre las decisiones que atañen a la sociedad civil venezolana. Es deber del gobierno, respetar la soberanía popular y el principio de pesos y contrapesos necesario en toda democracia.

·         Hace un llamado a la Organización de los Estados Americanos (OEA) como cuerpo colegiado hemisférico, a los Estados miembros, a las organizaciones defensoras de los derechos humanos y demás organismos para tomar cartas en el asunto y analizar la justificación que existió para la aprobación de la Ley Habilitante, la reforma a la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión Otros Medios, y las expropiaciones masivas.

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Si lo desea puede descargar la Alerta en formato PDF dando clic al siguiente vínculo: