Pronunciamiento de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia en relación con el asesinato de la defensora de derechos humanos colombiana Norma Irene Pérez

Agosto de 2010.

La Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia con el apoyo de las más de 200 organizaciones que la conforman, manifiesta su rechazo más enérgico al asesinato de la defensora de los Derechos Humanos colombiana Norma Irene Pérez.

Sus restos fueron encontrados nueve días después de su desaparición en un estado deplorable que indica el sufrimiento que vivió horas antes de su deceso. Las comunidades de la zona de Macarena han solicitado una investigación judicial exhaustiva. Irene Pérez había denunciado hace algún tiempo, a través de su organización, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, la existencia de fosas comunes de víctimas de los actores armados, así como "Falsos Positivos", civiles presentados como caídos en combate y personas desaparecidas. 

Alertamos sobre la gravedad de estos hechos que hacen evidente el preocupante incremento de la inseguridad constante que se vive en Colombia. Las personas que denuncias actos ilícitos y violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, son  objeto de amenazas  y, como en el caso de Norma Irene Pérez, son asesinadas o desaparecidas.

Es lamentable y censurable desde todo punto de vista que en Colombia se sigan dando estos hechos contra defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas y sindicalistas por parte de grupos criminales, y en algunos casos, con la presunta participación de miembros de las fuerzas armadas.

Por lo tanto, la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia:

1. Exige al gobierno colombiano que investigue los hechos para que  se identifique, juzgue y condene a los responsables intelectuales y materiales, se repare a las víctimas y se realicen todos los esfuerzos posibles y para ponerle fin a esta situación. Es obligación del gobierno velar por la salvaguarda y el ejercicio pleno de los derechos humanos y libertades fundamentales por parte de la ciudadanía.

    

2. Apoya lo expresado por el señor Bruno Moro (Coordinador Residente y Humanitario de las Naciones Unidas en Colombia) al exigir la puesta en marcha de una política integral de protección y promoción de los derechos humanos por ello mismo, como organización, demandamos políticas públicas reales y efectivas de protección de la sociedad civil. El gobierno de Colombia debe manifestarse en contra de las amenazas e intimidaciones en contra de organizaciones de la sociedad civil.

    

3. Rechaza  el incremento de la violencia que se vive en todo el país. Por ejemplo, en el  Departamento de Córdoba, más de 400 asesinatos en lo que va corrido del año.  Así mismo, manifiesta su honda preocupación por la aparición de panfletos en diversas regiones del país con amenazas en contra de civiles muchos de los cuales son personas jóvenes, amenazas provenientes de grupos como las “Águilas Negras” o bandas como “los Rastrojos”, que imponen en sus localidades mecanismos de “justicia privada”. La Liga de Mujeres Desplazadas organización de sobrevivientes del conflicto armado en Colombia, pertenecientes a nuestra Red ha sido amenazada por las Águilas Negras dos veces a los largo de este año.

4. Hace un llamado a la sociedad colombiana para que tome conciencia sobre la gravedad de estos actos y exija a las autoridades gubernamentales una actuación certera, eficaz y enérgica en contra de la violencia sistemática que amenaza la estabilidad del país.

5. Finalmente, exhorta a la comunidad internacional, organismos internacionales y organizaciones de promoción y protección de los derechos humanos para que denuncien y alerten estos hechos. Para que tomen las medidas necesarias que tiendan a proteger la vida de los y las defensoras de derechos humanos  y así mismo todos en conjunto logremos evitar que estos crímenes atroces continúen ocurriendo.

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Si lo desea puede visualizar y descargar nuestro más reciente Boletín Oficial/ Newsletter número 7 (agosto de 2010):

CASO DE VIOLACION DE DDHH EN VENEZUELA Y TRAICION A LA PATRIA CONTRA LA ORGANIZACIÓN SUMATE.

JULIO 2010.

La Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, con el respaldo de más de 200 organizaciones miembro, condena públicamente los deplorables actos en que está incurriendo el gobierno venezolano en contra de las organizaciones de la Sociedad Civil. Este hecho recurrente en extremo, se presenta ahora mediante la Sentencia N° 796 del 22 de julio de 2010, en la cual se condena y se califica con el título de “traición a la patria” a las Organizaciones de la Sociedad Civil venezolana (OSC) que reciban cooperación internacional.

La resolución condena en especial a las organizaciones que traten temas de Democracia y Derechos Humanos. Específicamente la sentencia calificó a la organización civil SÚMATE de ser un agente de los EE.UU por el sólo hecho de recibir cooperación de organizaciones residentes en los Estados Unidos como National Endowment for Democracy (NED).

El gobierno venezolano está incurriendo cada vez más en prácticas contrarias a la democracia y alarmantes desde el punto de vista de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. Igualmente, en diversas ocasiones se ha incidido en negar a periodistas y medios de comunicación entrar y transmitir sesiones de la Asamblea Nacional, las cuales deberían ser claramente públicas.

El Derecho de las organizaciones de la sociedad civil de recibir cooperación internacional está inscrito en diversos instrumentos internacionales. La Carta de la Organización de las Naciones Unidas expresa en su artículo 1 inciso 3 el deber de los estados de “realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión”. De la misma forma, la Conferencia de la UNCTAD en Brasil durante el año 2004, establece la necesidad de la cooperación con la sociedad civil y la analiza como mutuamente provechosa. 

Ante estos atropellos, la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia:

1. Alerta a la comunidad internacional y urge tomar medidas prontas ante lo que se asemeja cada vez más a una sistemática y seria persecución contra las organizaciones de la sociedad civil. Es necesario respetar la democracia y las libertades fundamentales. La libertad de expresión, prensa y asociación están claramente lesionadas en este caso.

2. Condena las acciones del gobierno venezolano, cuyas prácticas son reprochables y claramente alejadas de una vida democrática.

3. Considera alarmante la exacerbación de los casos de denuncia de violación de libertades y derechos fundamentales y exige el respeto de los convenios internacionales en la materia en especial el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de San José de 1969 y  la Cartas de las Naciones Unidas.

4. Exalta la libertad de ejercicio que tienen las organizaciones de la sociedad civil como arduas defensoras de los Derechos Humanos y deplora el calificativo de “traición a la patria” empleado contras las organizaciones que reciben cooperación internacional. A la vez se solidariza con la organización SÚMATE y demás organizaciones afectadas.

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Julio de 2010.

Comunicado de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia en apoyo al Foro por la Vida de Venezuela en relación con la persecución de las ONG en Venezuela

La Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia y sus más de 200 organizaciones miembro se solidariza con el Foro por la Vida de Venezuela, en cuyo seno reúne a diversas organizaciones fervientes defensoras de los Derechos Humanos en el país. El gobierno de Venezuela  está promoviendo lo que podemos describir como una persecución sistemática contra las organizaciones defensoras de las libertades fundamentales y de los Derechos Humanos. 

Se utilizan los medios de comunicación del gobierno y voceros oficialistas para desprestigiar organizaciones que denuncian constantemente las violaciones de derechos humanos de que es víctima la sociedad civil venezolana. Los procedimientos judiciales ilegales, la investigación ilegítima y sin causa justa de los fondos de cooperación internacional, y la prohibición de asociación son acontecimientos que se presentan de manera reiterada en Venezuela.

En este país, el gobierno descalifica a las organizaciones de la sociedad civil que reciben cooperación internacional, especialmente a las encargadas de la defensa de los derechos humanos. El presidente Hugo Chávez Chávez, ha achacado por citar sólo uno de los innumerables casos, que la Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD) es un “organismo del Departamento de Estado estadounidense” creado para “disfrazar” el financiamiento que brinda Estados Unidos a diversas Organizaciones No Gubernamentales venezolanas. El mandatario ha iniciado una serie de investigaciones contra ellas a fin de determinar la presunta “relación con el financiamiento y la relación estratégica entre el Departamento de Estado de los EEUU y periodistas y medios de comunicación privados en Venezuela”. La investigación ya está en manos de la Fiscalía General venezolana y busca explícitamente a las organizaciones que tratan el tema de libertad de expresión.

Estos hechos son completamente contrarios a los convenios y normativa internacional sobre dichos tópicos. Las organizaciones del Foro por la Vida citan con total razón el artículo 13 de la Declaración sobre los defensores de derechos humanos adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas, el 9 de diciembre de 1998 resolución de la Asamblea General 53/144 que establece el derecho a recibir cooperación internacional. “Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a solicitar, recibir y utilizar recursos con el objeto expreso de promover y proteger, por medios pacíficos, los derechos humanos y las libertades fundamentales.”

Las investigaciones  ilegales, el desprestigio, amedrentamiento, intimidación y las amenazas públicas son contrarias a la democracia. Si el gobierno de Venezuela continúa utilizando estas prácticas tan completamente reprochables desde  la óptica de los derechos humanos, quiere decir, que cada vez más el país vive un retroceso democrático, una realidad que la aleja notable y tristemente de los verdaderos valores republicanos.

Como lo mencionan nuestros amigos del Foro por la Vida: “…las organizaciones de derechos humanos (venezolanas perseguidas en este caso) tienen más de 20 años recibiendo cooperación internacional y dicha cooperación  sirve para atender a innumerables víctimas de violaciones a los derechos humanos, capacitar a colectivos sociales y funcionarios y funcionarias del Estado, elaborar publicaciones educativas, proponer políticas para el fortalecimiento de la democracia entre ellas el capítulo de derechos humanos de la actual Constitución y dar aportes en muchas leyes vigentes. La cooperación recibida tiene  como destino a los más excluidos apoyándolos en la exigibilidad de sus derechos…”

Ante lo anterior, la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia

1. Exige al gobierno venezolano el  respeto inmediato y permanente de las Libertades Fundamentales y los Derechos Humanos, sin distinción ni discriminación- ideológica, social, religiosa, cultural o política-, especialmente el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de asociación y a recibir cooperación internacional.
2. Denuncia los atropellos en contra de organizaciones de la sociedad civil en Venezuela, cuya acción se fundamenta en la defensa de las garantías inherentes al ser humano como lo son los derechos humanos. Condenamos el desprestigio y amedrentamiento del que están siendo víctimas dichas organizaciones.
3. Demanda y urge a la comunidad internacional para que exija en conjunto el cese de estas hostilidades.  La democracia está en grave peligro con este tipo de amenazas superfluas e innecesarias que menoscaban las libertades del pueblo venezolano en grave medida.
4. Se solidariza y une con las organizaciones miembro de Foro por la Vida de Venezuela y reclamamos el respeto de los convenios internacionales firmados por Venezuela en materia de Derechos Humanos. Es hora de poner fin al miedo, las amenazas y la restricción de la libertad, fortalecer la democracia es imperioso y necesario en una Venezuela donde el gobierno actúa de forma abrumadoramente contraria a los ideales que forjaron dicha nación soberana y democrática.

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COMUNICADO DE LA RED LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE PARA LA DEMOCRACIA ANTE LA  UNDÉCIMA CONFERENCIA REGIONAL SOBRE LA MUJER DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Organizada por la CEPAL.

Brasil, 13 al 16 de Julio. 2010

La Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, conformada por más de 200 organizaciones, expresa su preocupación ante la ineficacia de las políticas de equidad de género en muchos países de la región. La violencia sigue atacando a mujeres de distintos ámbitos sociales, económicos, religiosos y culturales en América Latina, el Caribe y el mundo.

No solamente, hablamos de violencia intrafamiliar sino en esferas de la vida social y política tan diversas como empresas, organismos, instituciones e individualidades; agresiones no meramente físicas sino que se traducen en toda una amalgama de violaciones y atropellos a la integridad y la vida de las mujeres.

La realidad de las mujeres demuestra en muchos casos la feminización de la pobreza por los modelos de desarrollo de mercado con democracias débiles y mucho más acrecentada con los modelos de socialismo del Siglo XXI, lo cual se plasma en los casos de violación de derechos humanos de las mujeres en países como Venezuela y Nicaragua. Es responsabilidad de los gobiernos garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia de acuerdo con la normativa internacional  de las Organización de las Naciones Unidas tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, CEDAW (por sus siglas en Ingles), la Declaración Interamericana para Prevenir y Sancionar la Violencia (Belem Do Para) y las Resoluciones 1325 y 1820 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la protección de las mujeres y la violencia de género en los conflictos armados.

Se exponen a continuación ejemplos de casos de violación de los Derechos Humanos de las Mujeres sobre los cuales hemos emitido comunicados,  declaraciones y alertas:

·         El caso de la Liga de Mujeres Desplazadas de Colombia, cuyas integrantes han sido amenazadas de muerte por el grupo paramilitar Águilas Negras en dos oportunidades, (www.observatoriogenero.org) actualmente cuentan con Medidas Cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH y mantienen una denuncia contra el Estado de la República de Colombia por violación a varios artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos y a la Convención de Belem do Pará: desplazamientos forzados, violación, desaparición forzada de personas, tratos crueles inhumanos y degradantes son algunos de los crímenes contra la humanidad  cometidos contra ellas y sus familias. Es inaceptable que la sociedad civil organizada, defensora de los derechos humanos, sea perseguida, amenazada, violentada, intimidada y coaccionada por luchar por la restitución de sus derechos fundamentales  ante las atrocidades que cometen los paramilitares, las guerrillas  y algunos miembros de las Fuerza Pública en Colombia. Las mujeres de la Liga de Mujeres Desplazadas  tienen todo el derecho a la verdad, la justicia y la reparación  integral para ellas y sus familias a continuar su lucha contra la impunidad y la violencia de género. Las mujeres tienen derecho a participar en la vida política de los países, a exigir respeto de sus derechos y así mismo, a convivir en el respeto de las libertades fundamentales y a trabajar por el fortalecimiento de la democracia.

• El caso de Rocío San Miguel en Venezuela, presidenta de la organización Control Ciudadano. San Miguel, ha sido una ferviente luchadora a favor del respeto de los Derechos Humanos y la supremacía de la ley en Venezuela. Ella contribuye a la sociedad mediante su vasta experiencia en el tema de relaciones civiles-militares. A través de su trabajo ha venido denunciando con rigor académico y valentía ciudadana, actos de corrupción en las fuerzas armadas y el uso de los militares como factores político-partidistas, sobre todo el de varios militares involucrados en el PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela) a pesar de que la ley venezolana claramente impide la militancia político-partidista de la milicia.  Ello le ha llevado a amenazas directas por parte de grupos afectos al gobierno, amenazas e insultos de parte del presidente de la Republica y algunos Diputados y el uso sistemático de los medios controlados por el gobierno y programas apoyados por el gobierno para insultar o vilipendiar a esta valerosa mujer.

·         Otro de los casos importantes lo es el de la Jueza María Lourdes Afiuni también de Venezuela, quien está en la actualidad siendo víctima de innumerables abusos y tratos crueles. Además de ser sometida a un proceso judicial claramente ilegítimo que viola todos sus derechos como jueza, mujer y ciudadana. Ella se encuentra reclusa en una prisión de mujeres denominada Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof), en Los Teques. En ese lugar permanecen recluidas delincuentes que en un momento determinado ella misma sentenció, corriendo grave peligro la vida de la Jueza. A estos casos en Venezuela se unen los de Doris Pérez, Moravia Estévez, Luival de Tovar, Silvia Ribot y María García de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), secuestradas durante más de 30 horas por estudiantes con actitudes sicariales, simpatizantes del gobierno de Hugo Chávez.

·         Además, debemos mencionar como caso, la violencia y persecución permanente contra defensoras de derechos humanos y liderezas de organizaciones no gubernamentales de mujeres  en Nicaragua, conducta que se viene repitiendo con total impunidad. Dando como resultado nefastas acciones del gobierno nicaragüense en contra de la sociedad civil entre las que resalta grandemente la persecución en contra de mujeres miembro del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), de la organización CINCO. Exponemos los casos de Liderezas como Leonor Martínez y María Mercedes Urbina,  Vilma Núñez de Escorcia, Luisa Molina, Violeta Granera, Juanita Jiménez y Azahálea Solís. Todas ellas enfrentadas a una persecución sistemática de mujeres que representan la conciencia crítica de todo el país, lo cual se asemeja cada vez más a un “femicidio político”.

Los expuestos, son sólo algunos de los innumerables casos existentes en la realidad latinoamericana. Temas como los homicidios de mujeres en las zonas de Juárez y Sinaloa (México), ataques de los carteles de droga en ese país; son altamente preocupantes y nos llevan a pensar a plantear la ausencia de políticas gubernamentales eficaces tendientes a fortalecer el respeto de los derechos humanos de las mujeres. El caso de la trata de personas es básico ya que ocupa el segundo lugar en los flagelos que involucra las más importantes violaciones de derechos humanos contra mujeres, niñas y niños.

Además, es importante resaltar la problemática que se genera a raíz de la migración con respecto a que son las mujeres las que mayoritariamente deben asumir las consecuencias del desarraigo, así como las consecuencias que se dan por  la ruptura del vinculo familiar, cargando a la mujer la responsabilidad de la precarización de la vida en familia y la desagregación de los núcleos familiares.

Por todo lo expuesto, la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia exige Estados que garanticen la igualdad de género real plasmada en políticas efectivas de defensa de los derechos y garantías de las mujeres en los diversos esquemas familiares, sociales, políticos y laborales. Es obligación de los Estados y Gobiernos, permitir el ejercicio de las libertades fundamentales de forma efectiva y positiva.

Representando en este evento a la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia

Dra. Patricia Galvez                                           

Directora Ejecutiva

CEDEAL 

Arq. Aixa Armas

Directora

Mujer Y Ciudadanía

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JULIO de 2010

 

ALERTA DE LA RED LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE PARA LA DEMOCRACIA SOBRE LAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA POBLACION CIVIL EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION PARAGUAY  EN RAZON DE LAS PERSECUCIONES DE LA POLICIA NACIONAL A MIEMBROS DEL AUTODENOMINADO EJERCITO DEL PUEBLO PARAGUAYO

La Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia y sus más de 200 organizaciones miembro, alerta a la comunidad internacional y en especial al gobierno paraguayo para que fortalezca el apego a la ley y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales:

Miembros de la Policía Nacional paraguaya han llevado a cabo acciones de persecución en contra del grupo guerrillero Ejército Del Pueblo Paraguayo EPP que opera en el Departamento de Concepción, ubicado en el noreste del país. Sin embargo, muchas de estas acciones de persecución han dado lugar a graves y constantes abusos por parte de la Policía Nacional sobre la población civil de la región,  lo que se ha  traducido en allanamientos ilegales de viviendas, agresión física, torturas físicas, psicológicas e inhumanas, generando temor y pánico entre los habitantes de las comunidades campesinas del Departamento de Concepción.

La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), denuncia en un comunicado enviado a nuestra Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, que miembros del Ministerio de Justicia y Trabajo paraguayo maltrataron y buscaron impedir el trabajo de investigadores de dicha organización, cuando buscaban documentar las lesiones sufridas por varias de las personas detenidas.

La Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia alerta sobre estos grave hechos y solicita el estricto cumplimiento de la normativa internacional de protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas del Paraguay; así como el cumplimiento de la Convención contra la Tortura suscrita por Paraguay en 1990. Nos unimos al clamor de nuestros hermanos de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay CODEHUPY y exigimos  procedimientos acordes con las leyes nacionales y los pactos internacionales de derechos humanos ratificados por Paraguay en los procedimientos de búsqueda de miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo EPP.

Así mismo solicitamos a las autoridades competentes una investigación rigurosa de los abusos cometidos en contra de pobladores de la comunidad del Departamento de Concepción y que se sancione a los responsables. Promovemos la vigencia plena del Estado de derecho en la política de seguridad nacional, pero sobre todo de la seguridad humana como herramienta de acción del gobierno paraguayo.

Condenamos categóricamente las acciones del grupo guerrillero EPP, las masacres, secuestros y atentados cometidos por sus integrantes. Exigimos que el grupo en cuestión sea investigado y llevado ante la justicia para su correspondiente proceso judicial, siempre y cuando impere el respeto de la ley y de la normativa internacional. Sin la violación de derechos de civiles inocentes ajenos al accionar del EPP.

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CARTA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE HAITÍ

Para visualizar la CARTA COMPLETA y el LISTADO DE SIGNATARIOS (inglés, francés y español) haga clic en el siguiente vínculo:

CARTA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE HAITÍ (extracto)

Iniciada por la Sociedad Civil Haitiana

CUADRO analítico del apoyo y del refuerzo institucional para la ayuda a la reconstrucción de Haití después del terremoto.

Nosotros, los haitianos de la sociedad civil local y de la diáspora, nos unimos para fijar las bases y participar en la reconstrucción de nuestro país, y para garantizar la plena participación de la población en este proceso clave de nuestra Nación.

Nosotros pedimos que nos sean garantizados los derechos proclamados en la Constitución Haitiana de 1987. Y que la reconstrucción de Haití se haga en conformidad con los principios fundamentales enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en la Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales, en el Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos así como en el pacto sobre los Derechos económicos, sociales y culturales, en las Convenciones sobre la Biodiversidad y el Medioambiente y en todas las otras normas y principios pertinentes del Derecho Internacional. La reconstrucción de Haití también debe promover y aplicar la justicia social, la no discriminación, la democracia participativa, la igualdad de géneros, la equidad y prioridad de las necesidades y reivindicaciones de los sectores más desfavorecidos y marginados de la población, el respeto a la diversidad y el reconocimiento de una sociedad nacional multicultural, multilingüística y de diversas confesiones religiosas.

Nosotros pedimos que sea elaborado un plan de desarrollo nacional con una visión a largo plazo, que emane de todas las fuerzas vivas de la nación haitiana, que incluya estrategias claras de puesta en práctica.

Pedimos que los puntos siguientes sean respetados durante todo el proceso de la reconstrucción nacional.

SOBERANÍA Y ECONOMÍA

1. La soberanía de Haití no es negociable.

2. El Estado apoya y promueve la economía social y solidaria.

3. El Estado apoya y promueve el comercio justo.

4. El Estado pone a disposición nuevas medidas administrativas, políticas, financieras y tecnológicas que apunten a:

a) la descentralización, el empoderamiento y la capacitación de los poderes locales.

b) el desarrollo de relaciones intercomunitarias, interregionales efectivas y transfrontaleras (Caribe)

c) la redistribución de los recursos según principios de descentralización y de proporcionalidad.

RECONSTRUCCIÓN MATERIAL

5. El Estado haitiano y todos los sectores del país son los principales motores y actores de la reconstrucción. La prioridad se da a los recursos materiales y humanos haitianos locales y de la diáspora.

6. Los proyectos de reconstrucción se establecen en función de las prioridades. Se adoptan mínima, criterios de eficiencia y contratos por rendimiento.

7. Todos los actores de la reconstrucción, tanto nacionales como internacionales, respetan los principios de gobernancia y de estado de derecho, en particular lo que se refiere a la gestión sana y transparente y a la lucha contra la corrupción.

8. Estos actores presentarán frecuentemente y públicamente los presupuestos, cuentas e informes de actividades.

RECONSTRUCCIÓN MORAL

9. El Estado y las OSC (Organizaciones de la Sociedad Civil) haitianas refuerzan la autoestima y la moral del pueblo haitiano, consolidando la visión de una reconstrucción basada en la autosuficiencia y el optimismo por lograr un futuro mejor y perdurable. La reconstrucción parte de la población y de sus valores culturales, y fomenta los esquemas de empoderamiento y de apropiación de los proyectos.

10. El Estado garantiza la ayuda psicológica y moral a las víctimas del desastre.

11. El Estado ayuda a la población haitiana a honrar dignamente a sus muertos respetando las distintas confesiones.

12. El Estado pone a disposición una comisión de la memoria y la verdad para enseñar a los haitianos su historia y así reparar los errores del pasado.

EDUCACIÓN

13. El Estado haitiano tiene que repensar, redefinir y reestructurar el sistema educativo haitiano para mejorar su calidad y su adecuación a las necesidades del país. El nuevo sistema educativo tiene que promover y garantizar los principios de acceso universal a la educación de base de calidad y de no discriminación, aumentando los estándares de dirección y de formación del personal educativo.

14. El Estado tiene que desarrollar y poner en marcha, sobre el conjunto del territorio nacional, la formación profesional de calidad y adaptada a las necesidades de las diferentes regiones del país.

15. El Estado se compromete a facilitar e invertir recursos en la educación de la ciudadanía, formando y fortaleciendo la educación de valores y principios democráticos tendientes a robustecer los esquemas de participación social y política, así como de la defensa de la Democracia como pilar fundamental del país y de la sociedad organizada.

MEDIO AMBIENTE

16. Haití tiene la oportunidad de perfilarse en la vanguardia mundial de proyectos ecológicos globales implementando nuevas formas de construcción, turismo e integración en el medioambiente. Así, el Estado y la Sociedad Civil, sobre todo los pequeños y medianos empresarios haitianos del área hotelera y de servicios turísticos y energéticos, fomentarán proyectos de ecoturismo y de desarrollo de recursos sostenibles, como la energía solar, la utilización de materiales locales y proyectos de plantación masiva de bambú, entre otros.

17. El Estado se compromete a fortalecer los esquemas de reforestación y mantenimiento de las zonas de protección ecológica como parques forestales y demás. Todo ello con la promoción de reforestación con especies autóctonas de la región, y la capacitación de la población para remplazar el uso cotidiano de la madera y del carbón.

SEGURIDAD

18. El Estado crea las infraestructuras necesarias para la prevención y el manejo de las catástrofes y desastres naturales. El estado les proporciona todos los medios disponibles para cumplir a cabalidad los objetivos.

19. El Estado garantiza la formación continua de la policía y de otras fuerzas del orden público en un marco cívico y de servicio a la ciudadanía.

SOCIEDAD CIVIL

20. El Estado facilita, aprueba y promueve en conjunto con las OSC (Organizaciones de la Sociedad Civil) el establecimiento de estructuras y formas de consulta y toma de decisiones más horizontales, mediante las organizaciones estatales ya existentes y la creación de canales específicos horizontales de consulta permanente a la sociedad civil haitiana organizada.

21. El Estado apoya y facilita la participación activa de la sociedad civil y reconoce formalmente a la diáspora como un partenaire económico, civil, político y cultural. En particular con el reconocimiento de la doble nacionalidad a los haitianos de origen y de sus descendientes.

Esta Carta da lugar a grupos de trabajo, a recomendaciones detalladas y a anexos para los diferentes puntos.

Firman las Organizaciones y Miembros registrados en la RED LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE PARA LA DEMOCRACIA.

MISIÓN DE LA RED LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE PARA LA DEMOCRACIA EN HAITÍ. 7 al 15 de febrero 2010

Rosa Quintana acompañada por un grupo de la RED LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE PARA LA DEMOCRACIA realizó la MISIÓN DE LA RED LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE PARA LA DEMOCRACIA EN HAITÍ. Esto del 7 a 15 de febrero de 2010

Producto de esta misión, se generaron dos informes al respecto. Informes que demuestran fiel y objetivamente la realidad que se vive en este país, a raíz del terremoto sucedido el 12 de enero. Puede visualizar dichos informes haciendo clic en el siguiente apartado.

• Primer Informe de la Misión en Haití:

• Segundo Informe de la Misión en Haití:

Barack Obama, Presidente de los Estados Unidos, con Carlos Ponce, Coordinador General de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia.

Observación de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia en las elecciones congresuales y municipales en República Dominicana, 16 de mayo de 2010.

Miembros de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia participaron como observadores del proceso electoral en República Dominicana, el 16 de mayo de 2010.

A continuación puede visualizar un documento-informe al respecto:

La RED LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE PARA LA DEMOCRACIA participó en la Asamblea de la OEA celebrada en Lima (Perú), en junio del presente año.

Ante esta Asamblea, la Red presentó importantes ponencias y dio a conocer una Declaración conjunta que busca una participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) dentro de la Organización.

Puede descargar dicha declaración dando clic en los siguiente vínculos:

Carlos Ponce, Coordinador General de la Red, durante la Asamblea de la OEA (Lima, Perú) junio de 2010

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Participación de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia en el Foro Democrático Interamericano 2010

Don Enrique de Obarrio, Coordinador General Alterno de la Red, participó en representación de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia en el Foro Democrático Interamericano 2010, realizado en Lima (Perú), el día 4 de junio del presente año.

Sobre el Foro:

previo a la 40ª Asamblea de la OEA en Lima, la Red Puente Democrático Latinoamericano integrada por CADAL (Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina), organizó en la Sala Grau del Congreso de la República del Perú la primera edición del Foro Democrático Interamericano en el cual participaron expositores de la Argentina, Brasil, Panamá, Perú y Venezuela.

Se realizaron dos Paneles:

· El primero bajo el título: “los nuevos desafíos al Estado de derecho y la institucionalidad democrática en América Latina”.

· El segundo panel hizo referencia al tema de: “Política exterior, derechos humanos y compromiso regional con la promoción de la democracia”.

Participación de la Red:

don Enrique de Obarrio, en representación de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, participó como exponente en el segundo Panel de dicho foro regional.

Don Enrique de Obarrio durante el Foro Democrático Interamericano 2010

Durante el segundo Panel del Foro

Participantes en el Foro